Publicado: noviembre 6, 2026, 8:49 am
Las redes sociales llevan años bajo la lupa por el impacto que pueden tener en los menores y, especialmente, por las funciones que animan a los usuarios a pasar cada vez más tiempo frente a la pantalla. El desplazamiento (scroll) infinito de publicaciones, los vÃdeos que comienzan a reproducirse automáticamente y los algoritmos que recomiendan contenido de manera personalizada son algunos de los mecanismos que han centrado este debate.
Ahora, Google, Meta y TikTok han acudido a los tribunales para intentar bloquear una ley de California que pretende restringir estas funciones entre los menores de 16 años. Las tres compañÃas presentaron demandas independientes este miércoles, 4 de noviembre, contra la norma AB 1709, aprobada en septiembre y cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2027.
La legislación busca limitar el acceso de niños y adolescentes a determinadas caracterÃsticas de las plataformas que las autoridades consideran capaces de fomentar un uso compulsivo. Sin embargo, las tecnológicas sostienen que estas restricciones vulneran la libertad de expresión y afectan a su capacidad para decidir cómo muestran los contenidos a los usuarios.
Qué quiere prohibir California en las redes sociales
La ley AB 1709, firmada el pasado 10 de septiembre por el gobernador de California, Gavin Newsom, se centra en varias funciones habituales de plataformas como Instagram, Facebook, TikTok o YouTube.
Entre ellas se encuentran el scroll infinito, que permite seguir viendo publicaciones sin llegar a un final; la reproducción automática de vÃdeos, que encadena contenidos sin intervención del usuario; y los sistemas de recomendación personalizada, que seleccionan publicaciones y vÃdeos en función de los intereses y el comportamiento de cada persona.
La norma prohÃbe que las plataformas ofrezcan estas funciones a usuarios menores de 16 años y establece obligaciones para comprobar la edad de quienes acceden a ellas. Esto no significa que todos los adolescentes tengan prohibido utilizar las redes sociales. Las compañÃas podrÃan seguir ofreciendo sus servicios a menores si adaptan su funcionamiento a los requisitos de la legislación. No obstante, aquellas que mantengan las caracterÃsticas restringidas no podrán permitir que los menores de 16 años sigan utilizando esas cuentas.
Las empresas que incumplan la normativa podrÃan enfrentarse a sanciones de hasta 50.000 dólares por cada menor afectado.
Por qué Google, Meta y TikTok se oponen
Las tres compañÃas han presentado demandas separadas contra el fiscal general de California, Rob Bonta, con el objetivo de impedir que la ley pueda aplicarse. Uno de sus principales argumentos es que la norma vulnera la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión. Las tecnológicas consideran que decidir qué contenidos se muestran y cómo se organizan forma parte de su actividad editorial y que el Estado no deberÃa imponerles un determinado sistema de presentación.
Meta, propietaria de Facebook, Instagram y Threads, sostiene que California pretende intervenir en las decisiones sobre cómo selecciona y distribuye las publicaciones de terceros.
TikTok, por su parte, argumenta que las recomendaciones basadas en las preferencias de los usuarios son una práctica habitual en otros sectores, como las librerÃas o las plataformas audiovisuales, y que las nuevas restricciones podrÃan obligarla a modificar profundamente su servicio para los adolescentes.
Google defiende que las recomendaciones personalizadas de YouTube también pueden ayudar a los menores a encontrar contenidos adecuados para su edad. La compañÃa considera que las familias deben conservar la capacidad de decidir qué pueden ver sus hijos y recuerda que dispone de herramientas de control parental.
Las tres empresas invocan además la sección 230 de la legislación federal estadounidense, que establece determinadas protecciones jurÃdicas para las plataformas respecto a los contenidos publicados por terceros. Por el momento, se trata de argumentos presentados por las compañÃas ante los tribunales, no de una resolución judicial que haya declarado inconstitucional la ley.
