Publicado: abril 15, 2026, 1:25 pm
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la resolución que establece la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales para los empleados de la Administración General del Estado (AGE), una medida pactada con los sindicatos que beneficiará a unos 250.000 trabajadores públicos. Sin embargo, la norma no se aplicará a todos los funcionarios ni a todo el sector público.
La principal exclusión afecta a los empleados públicos que no pertenecen a la Administración General del Estado. El BOE señala que las entidades locales como ayuntamientos, diputaciones y cabildos, así como las comunidades autónomas, no aplicarán automáticamente la jornada de 35 horas tal y como se ha establecido. En su lugar, seguirán rigiéndose por la normativa general vigente —basada en la Ley de Presupuestos de 2018—, salvo que negocien y aprueben su propia reducción de jornada.
Además, esta reducción no será de aplicación al personal militar de las Fuerzas Armadas, ni al personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, abre la puerta a que sí puedan ser de aplicación al personal de Instituciones Penitencias, Sanidad y Educación, como pedía CSIF y el resto de sindicatos.
La resolución deja claro que la reducción de jornada se circunscribe exclusivamente a la AGE y a su sector público institucional. El objetivo es no interferir en la capacidad de otras administraciones para regular sus propias condiciones laborales mediante negociación colectiva. De este modo, ministerios, organismos autónomos y entidades estatales sí deberán adaptarse a la nueva jornada, con un plazo de un mes para ajustar calendarios laborales y sistemas de control horario.
No se aplicará de manera uniforme
La implantación de las 35 horas semanales no será inmediata en todos los casos. Cada departamento deberá concretar su aplicación y adaptar su funcionamiento interno. Además, el texto del BOE dice que no todos los puestos dentro de la AGE aplicarán la medida de forma uniforme.
En aquellos puestos que requieren atención a la ciudadanía o funcionan con turnos, la reducción de jornada deberá adaptarse para garantizar la continuidad del servicio, la cobertura de turnos y la organización. Esto implica que, aunque no estén excluidos, no verán una reducción directa o inmediata en su horario, sino ajustes organizativos.
