Publicado: septiembre 22, 2026, 3:00 am
La batalla judicial entre Auro y Cabify sobre el control del mercado de vehículos con conductor -los VTC- ya se juega en Luxemburgo. El conflicto, que comenzó alrededor de una cláusula que impedía a Auro trabajar con otras plataformas distintas de Cabify, ha escalado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) después de que Cabify lograra que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) planteara el caso ante la justicia europea. El TJUE celebró la vista del caso el pasado jueves y ahora el calendario apunta al próximo enero para conocer las primeras conclusiones.
En 2018, Auro y Cabify pactaron una cláusula que obligaba a la compañía de VTC a operar en exclusiva con la plataforma, en el marco de la relación comercial que habían iniciado un año antes para explotar licencias de VTC. Cuando Auro comenzó a trabajar también con otras compañías y cuestionó la validez de esa exclusividad, Cabify inició un arbitraje en 2019. El tribunal arbitral dio la razón a Auro en diciembre de 2020 y declaró nula la cláusula de exclusividad y otras disposiciones vinculadas por considerar que infringían las normas de competencia, rechazando las reclamaciones de Cabify.
Cabify llevó entonces el laudo ante el TSJ de Madrid, que en 2021 anuló parcialmente la decisión arbitral. El caso dio después otro giro en el Tribunal Constitucional, que anuló la sentencia del TSJ al considerar que el tribunal madrileño había entrado en el fondo del laudo más allá de lo que permitía el procedimiento de anulación. Tras ese pronunciamiento, el TSJ planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE para que determine hasta dónde puede llegar un juez español al revisar un laudo arbitral cuando están en juego las normas de competencia de la UE. Después de siete años de idas y venidas entre árbitros y tribunales, el caso ha llegado a Luxemburgo donde la Abogada General Tamara Ćapeta presentará sus conclusiones el próximo 14 de enero.
Según las actas consultadas por este periódico, Cabify defendió la semana pasada ante el TJUE que los jueces deben poder revisar de manera efectiva si los árbitros han aplicado correctamente el derecho de la competencia europeo. Auro, por su parte, advirtió del riesgo de convertir la acción de anulación en una segunda instancia capaz de volver a juzgar el fondo de un procedimiento arbitral.
También tomaron posición tres gobiernos europeos y la Comisión Europea. España y Francia defendieron que los jueces puedan comprobar que un laudo respeta el Derecho de la UE, pero sin convertir esa revisión en un nuevo juicio sobre el fondo del caso. Alemania, en cambio, puso el acento en garantizar la efectividad de las normas europeas de competencia y alertó de los riesgos de dejar fuera del control judicial el contenido de los laudos. La Comisión Europea coincidió en la necesidad de garantizar que el Derecho de la UE no quede a expensas de la voluntad de las partes que recurren al arbitraje.
