Publicado: septiembre 21, 2026, 3:41 pm
La reforma de las pensiones que el Gobierno acometió entre 2021 y 2023 podría haber mejorado la sostenibilidad estructural del sistema. Esta es una de las principales conclusiones de un llamativo estudio presentado este lunes por Fedea, centro de estudios económicos que habitualmente es muy crítico con las medidas que ha introducido el Ejecutivo. Sin embargo, esta conclusión está rodeada de asteriscos y los propios autores del informe piden tomarla con cautela.
El informe, que firman cuatro investigadores vinculados a las universidades de Valencia y Extremadura, presenta un nuevo indicador para medir la sostenibilidad de las pensiones. Una métrica que, en lugar de medir la diferencia entre ingresos y gastos -como suele ser habitual- compara el valor de las cotizaciones que aporta una generación y las prestaciones que recibirá a lo largo de su vida. Para ello, tiene en cuenta la duración de la carrera laboral, la edad real de jubilación, la tasa de generosidad del sistema (la diferencia con el salario medio) o la tasa de reemplazo (la sustitución entre el último salario y la primera pensión).
Los cálculos de Fedea sugieren que las últimas reformas que ha introducido el Gobierno mejoran la sostenibilidad del sistema. El indicador refleja que la generación que se jubiló en 2022 recibirá 1,34 euros de pensión por cada euro aportado en cotizaciones, lo que implica, a ojos de los investigadores, una situación de «insostenibilidad».
Sin embargo, las proyecciones a futuro muestran que el indicador se va reduciendo hasta llegar caer incluso por debajo de la barrera de la insostenibilidad dentro de 20 años. Para 2050, estiman que por cada euro aportado por la generación que se jubile ese año, recibirán 90 céntimos en forma de prestaciones. Una mejora en esta métrica de sostenibilidad que sería sustancialmente más rápida que las proyectadas para Alemania, Francia, Países Bajos o Suecia, los países que se analizan en el estudio.
Las proyecciones que manejan los investigadores beben del Ageing Report, un informe que elabora cada tres años la Comisión Europea codo con codo con los Estados miembros. En el caso de España, la mayor sostenibilidad se explicaría por una caída en la tasa de reemplazo, un incremento en el porcentaje de cotización y en los años trabajados, pese a un leve incremento en la esperanza de vida.
Supuestos «optimistas», medidas «arriesgadas» y déficit financiero
Sin embargo, esta conclusión general está rodeada de ‘peros’. Cuando los investigadores entran a valorar las medidas que explican esa mejora en la sostenibilidad señalan que se deben, en parte, a la implantación de «ciertas reformas exitosas, aunque arriesgadas». En concreto, señalan el refuerzo en los ingresos del sistema a través de nuevos conceptos de cotización. Este es el caso del mecanismo de equidad intergeneracional, una cotización extra que abonan todas las nóminas pero que no genera derecho a más pensión.
A ello, se suma «el uso normalizado de transferencias del Estado para financiar gastos contributivos». Es decir el pago de pensiones con cargo indirectamente a los impuestos para cubrir el agujero que dejan las cotizaciones. Este amplio uso de transferencias estatales a la Seguridad Social para pagar las pensiones ha sido ampliamente criticado desde Fedea en el pasado. Su presidente, Ángel de la Fuente, advirtió de que tirar de transferencias «indiscriminadamente» puede «desvirtuar la condición de sostenibilidad del sistema» y «desplaza artificialmente el déficit de las pensiones a las cuentas de la Administración General del Estado».
Además, los investigadores apuntan que las previsiones del Ageing Report parten de supuestos «excesivamente optimistas» en la valoración de las reformas adoptadas por el Gobierno. Entre ellos, mencionan los cambios en la jubilación anticipada y demorada (que están llamadas a reforzar los ingresos) o la revalorización de la pensión máxima por debajo de la base máxima de cotización.
A ello, hay que añadirle que aunque el sistema tienda a una mayor sostenibilidad en el futuro, las presiones financieras que va a sufrir hasta entonces serán grandes. El informe recoge que el déficit del sistema pasará del 0,2% del PIB en 2022 al 2,7% en el año 2050, el sexto más elevado de toda la Unión Europea.
«De cumplirse las proyecciones del Ageing Report, las reformas acometidas en España entre 2021 y 2023, incluidas en la proyección, apuntarían a una mejora significativa del indicador de sostenibilidad. De esta manera, el empeoramiento que se observa en el indicador de equilibrio financiero se debería a factores coyunturales como la llegada a la jubilación de la generación del baby-boom, pero el sistema estaría avanzando hacia un diseño más sostenible», concluye el informe.
