Publicado: septiembre 30, 2026, 10:25 am
La nueva batería de medidas en materia de vivienda aprobada por el Gobierno no ha sido recibida con los brazos abiertos por el sector inmobiliario. Con el primero de los dos reales decretos-leyes de vivienda aprobados en Consejo de Ministros ya publicado en el BOE, la principal asociación del alquiler ha lamentado que el nuevo marco regulatorio traslada a los propietarios una responsabilidad que corresponde a las administraciones públicas. «El escudo social no puede ser el propietario. Un fallo del Estado, que ha sido incapaz de dar un hogar a las familias más vulnerables que lo necesitan, no puede descansar sobre el pequeño propietario particular», señala la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL).
Desde la patronal que representa a propietarios de vivienda en alquiler, tanto particulares como profesionales, advierten de que los decretos «van a destruir la oferta, asfixiar al pequeño ahorrador y dejar fuera del mercado precisamente a quienes dicen proteger». Para Asval, los decretos suponen una ruptura del ordenamiento jurídico español y de los principios constitucionales: la seguridad jurídica y la irretroactividad de las normas restrictivas de derechos, el derecho de propiedad, la libertad de empresa y los límites que la Constitución impone al decreto-ley. «Rompen también con el derecho europeo y con la regulación internacional de los derechos fundamentales, que protegen el derecho de propiedad» añaden.
A juicio de esta asociación, «una norma redactada a la carrera» elevará la conflictividad y obligará a los operadores jurídicos -jueces, notarios, abogados- a emitir valoraciones subjetivas muy difíciles de resolver. Por ende, pide que «se retiren los textos y que la reforma se aborde de forma coordenada con las comunidades autónomas, con un trabajo técnico que evalúe el efecto real de cada medida y buscando amplios consensos políticos». Asval urge, además, a «construir un verdadero parque de vivienda pública, con una inversión pública a la altura del reto y similar a la de los países de nuestro entorno». «El alquiler asequible no se decreta, se produce, y para producirlo hacen falta recursos públicos, seguridad jurídica y colaboración entre administraciones y propietarios» sentencia.
En el plano autonómico, organizaciones como los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Cataluña expresan su «preocupación» por la nueva normativa y advierten sobre los «riesgos de continuar abordando la crisis inmobiliaria mediante una sucesión de nuevas medidas regulatorias que se solapan con un marco normativo ya extraordinariamente complejo». Esta organización comparte la necesidad de actuar ante las dificultades para acceder a la vivienda y de proteger especialmente a las personas en situaciones vulnerables. Sin embargo, considera que un problema de esta magnitud requiere políticas estructurales, estabilidad regulatoria y una visión a largo plazo.
Constructoras e inmobiliarias reclaman liberar suelo
Por otro lado, fuentes de consultoría inmobiliaria consultadas por este periódico valoran que los cambios suponen una mejora efectiva para los inquilinos que ya cuentan con un contrato en vigor, pero tienen un efecto mucho más limitado para quienes buscan vivienda en el mercado. Estas mismas fuentes ponen el foco en una de las medidas que no ha salido adelante: la reforma de la Ley del Suelo que pretendía limitar la anulación de planes urbanísticos por defectos formales. Su exclusión, apuntan, deja fuera una de las iniciativas que podía contribuir a reducir la incertidumbre y el riesgo de los nuevos desarrollos inmobiliarios. En un mercado que arrastra un déficit de unas 755.000 viviendas, según las estimaciones del Banco de España, consideran que el paquete aprobado no aborda el principal problema de fondo: la falta de oferta.
Es, precisamente, la medida que más echan en falta las constructoras para atajar la escasez de vivienda. Desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) sostienen que la respuesta al problema de acceso a la vivienda en España pasa por poner más suelo en el mercado, acelerar los procedimientos administrativos, rebajar la presión fiscal, revisar los sistemas de actualización de precios en los contratos y desplegar un plan de choque que haga frente al déficit de mano de obra en el sector. Por ende, reclaman desbloquear de manera inmediata la reforma de la Ley del Suelo y acelerar la puesta a disposición de suelo finalista, que considera la materia prima imprescindible para afrontar el déficit de oferta.
