Publicado: octubre 1, 2026, 3:00 am
Las constructoras reconocen aciertos en los decretos de vivienda, pero los consideran incompletos para consolidarse como una respuesta integral al problema del acceso a la vivienda. En línea con las reticencias mostradas desde el sector inmobiliario, donde se cuestiona el exceso de intervención del mercado y se lamenta la falta medidas para liberar suelo, la construcción echa en falta en el nuevo marco regulatorio condiciones que favorezcan el incremento de la oferta, tanto en el mercado de compraventa como en el de alquiler.
Es el diagnóstico que traslada a este periódico el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, quien observa un decreto de luces y sombras en el primero de los dos que el Ejecutivo tratará de convalidar en materia de vivienda este viernes en el Congreso. A su juicio, resulta necesario distinguir entre aquellas cuestiones susceptibles de discrepancia y las actuaciones que pueden constituir avances concretos. Entre estas últimas, incide, destaca «la aplicación de un IVA del 4% a la construcción de viviendas de promoción pública y protegida».
No obstante, para Fernández Alén, los decretos se concentran fundamentalmente en el mercado del alquiler y en la regulación de las viviendas ya existentes, «sin abordar con la misma profundidad las condiciones necesarias para ampliar de forma sostenida la oferta». «A complejidad del problema de la vivienda exige actuar sobre sus causas estructurales y no únicamente sobre la regulación del parque residencial existente» apunta. En este contexto, desde la patronal de la construcción, en la que se incluyen asociaciones como Seopan, Anci, Ancop, Anmopyc o Andimac, entre otras, observan una de las principales carencias de los decretos es la «insuficiente atención al suelo«, que, bajo su punto de vista, es el «elemento determinante para incrementar la oferta de vivienda y favorecer el desarrollo de nuevas promociones».
Para superar esa carencia, el colectivo reclama avanzar en la disponibilidad y flexibilización del suelo, pero también abordar los costes y las condiciones que afectan a la construcción. Entre ellos, el también vicepresidente de la patronal europea FIEC pide más atención a los costes de producción, la fiscalidad asociada a la vivienda y los procedimientos administrativos. En su opinión, la elevada carga tributaria que soporta el proceso residencial, unida a la ausencia de incentivos y mecanismos que permitan desarrollar promociones de forma más ágil, dificulta que el sector pueda incrementar la oferta y contener los costes.
A ello suma la necesidad de avanzar en una «verdadera simplificación administrativa». El presidente de la CNC advierte de que los plazos para obtener licencias y autorizaciones representan un obstáculo significativo para la promoción de vivienda, especialmente cuando los proyectos dependen de financiación. Las demoras, explica, prolongan los plazos de ejecución y pueden traducirse en un incremento de los costes finales de las promociones.
Por último, las constructoras insisten en favorecer también el aumento de la oferta en el mercado del alquiler. En este ámbito, sostiene Fernández Alén, determinadas limitaciones vinculadas a la duración de los contratos, la protección de las personas vulnerables y la recuperación de la vivienda «pueden incrementar la incertidumbre de los propietarios y de los promotores». Una circunstancia que, alerta, afecta especialmente a «las pequeñas y medianas empresas y a los pequeños propietarios particulares», y reduce los incentivos para destinar viviendas al alquiler, «favoreciendo, en determinados casos, su orientación hacia la venta u otras alternativas».
Los promotores alertan de un efecto inmediato
La inquietud por la oferta de alquiler se extiende también a los promotores, que ya detectan efectos sobre el terreno. Según el presidente de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña), Xavier Vilajoana, algunas empresas con proyectos de built-to-rent -construir para alquilar- en marcha le han comunicado que los sacarán a la venta. «Los decretos frenarán el sector del built-to-rent, no se harán nuevos proyectos», lamentó en una intervención este miércoles. Desde esta organización, integrada en la CNC, recuerdan que el 90% del parque de alquiler está en manos de particulares y critican que se legisle mediante decretos hechos «en una semana» que atienden a problemas coyunturales y no estructurales. En esa línea, lamentan que hayan desaparecido del texto dos modificaciones de la Ley de suelo que, según su presidente, «desbloquearían miles de viviendas a medio hacer».
