Publicado: octubre 9, 2026, 3:00 am
La crisis habitacional lleva días empapando las calles y la agenda política. Ha suscitado un debate que tuvo como detonante el desahucio de Maricarmen Abascal y que el Gobierno ha encarado poniendo sobre la mesa dos decretos que el Congreso de los Diputados tumbó hace una semana pero que el Consejo de Ministros volvió a aprobar cuatro días después y con un adelanto electoral por medio. Según una encuesta elaborada por el Instituto DYM para 20minutos, son más los españoles que creen que estos decretos empeoran el problema de la vivienda en España, aunque las opiniones están muy divididas y hay una clara brecha entre votantes de izquierdas y de derechas.
El 42,9% de los encuestados considera que las recetas planteadas por el Gobierno en ambos textos para abordar la emergencia habitacional empeoran la situación. Es la respuesta mayoritaria, pero con muy poca ventaja sobre los que opinan justamente lo contrario. El 39,6% de los entrevistados se inclina a pensar que estos decretos sí contribuyen a solucionar el problema. La diferencia es de apenas tres puntos porcentuales. Es también significativo el porcentaje de encuestados que no se pronuncian ni a favor ni en contra. Al ser preguntados por este asunto, un 17,5% no sabe o no contesta, es decir, uno de cada seis entrevistados no se manifiestan.
Estos resultados muestran una división en la población en torno a la eficacia de las medidas aprobadas por el Gobierno, una divergencia de opiniones que refleja una brecha entre izquierda y derecha. Los votantes de PSOE y Sumar se muestran claramente a favor de los dos decretos salidos del Consejo de Ministros. El 64,4% y 67,3% respectivamente creen que sirven para mejorar la situación actual, aunque la proporción de encuestados que no sabe o no contesta sigue siendo importante (16,8% y 17,7%). El nivel de apoyo es ligeramente superior entre quienes eligieron la papeleta liderada por Yolanda Díaz en las elecciones generales de 2023. Solo un 15,1% de los votantes de Sumar y un 18,8% de los del PSOE creen que los decretos empeoran el problema.
En cambio, en el electorado de PP y Vox el sentir es justamente el contrario. El 71% y 78,1% respectivamente piensan que las medidas contenidas en los decretos empeoran la situación. Los votantes del partido de Santiago Abascal son los que más rechazan el planteamiento del Gobierno y los que menos dubitativos se muestran al responder (un 8,9% no sabe o no contesta, por debajo de la media). Solo un 13% de los electores de Vox y un 17% de los del PP se inclina a pensar que los decretos sí mejoran la crisis habitacional.
Fue precisamente la derecha quien rechazó hace una semana ambos textos en el Congreso. PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra de su convalidación. Por un lado, el primer decreto contenía, entre otras medidas, suspender desahucios, prohibir la compra de viviendas a fondos buitre, bonificaciones fiscales a inquilinos y propietarios, una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler, límites a la subida de los alquileres en la actualización anual de los contratos y una nueva regulación del arrendamiento de temporada y por habitaciones. Por otro lado, el segundo pretendía implantar el modelo de contratos de alquiler indefinidos, de manera que el propietario tenga que indemnizar al inquilino si decide ponerle fin sin causa justificada.
El ‘no’ del Congreso a ambos textos precipitó el adelanto de elecciones, pero solo un día después de la convocatoria de los nuevos comicios el Consejo de Ministros volvió a aprobar ambos decretos argumentando que la emergencia habitacional sigue exigiendo medidas urgentes. El Gobierno ha introducido algunas variaciones en los nuevos textos —como la movilización de 10.000 millones de euros para ayudas a la compra de primera vivienda o el endurecimiento de la prohibición de compra de vivienda a los fondos buitre—, pero el gran cambio no está en su contenido sino en que ahora no será el Pleno del Congreso quien vote su convalidación, sino la Diputación Permanente, que es el órgano que se mantiene operativo cuando se disuelven las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones.
En este nuevo escenario suman mayoría los partidos que hace una semana votaron a favor del primer decreto (PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y Podemos), por lo que todo parece apuntar a que esta vez este texto sí recibirá el visto bueno del Congreso y, por tanto, sus medidas —que entraron en vigor este jueves— seguirán teniendo efecto después de la votación de la Cámara Baja. Sin embargo, el segundo decreto sigue abocado al fracaso, dado que sigue habiendo una mayoría en contra —el PNV ha confirmado que mantendrá su rechazo—. En previsión de esta falta de apoyos, esta vez el Gobierno ha pospuesto la entrada en vigor de este texto a después de su votación en el Congreso, de manera que lo más probable es que no llegue a aplicarse.
