Bruselas plantea una "limpieza burocrática" y más mano dura con las multas contra los países que retrasen la aplicación de normativa europea - Mexico
Registro  /  Login

Otro sitio más de Gerente.com


Bruselas plantea una «limpieza burocrática» y más mano dura con las multas contra los países que retrasen la aplicación de normativa europea

Publicado: abril 28, 2026, 1:08 pm

Bruselas aspira a que la agilidad de la Unión Europea como bloque pase por una «limpieza bucrocrática», y así lo ha presentado este martes en Estrasburgo en un nuevo paso dentro del proceso de simplificación que se ha convertido en la base de la segunda legislatura de Ursula von der Leyen al frente del Ejecutivo comunitario. En esa rapidez, además, la Comisión Europea quiere tener más mano dura con las sanciones que se apliquen a aquellos Estados miembros que más tarden en aplicar la normativa comunitaria. Y eso es un aviso por ejemplo a España; es el país con más retrasos en este sentido: según datos del pasado mes de enero tiene 101 directivas pendientes, y la mitad de ellas con el plazo ya caducado.

En este sentido, Bruselas ha anunciado que será sistemáticamente más estricta al calcular las multas que propone al Tribunal. El nuevo enfoque busca que las penalizaciones económicas alcancen montos más elevados para garantizar que tengan un efecto verdaderamente disuasorio. Esta medida responde a la necesidad de proteger los derechos de ciudadanos y empresas, quienes se ven privados de las ventajas del mercado único cuando una directiva no se traspone correctamente a la legislación nacional.

Para combatir la lentitud burocrática, la Comisión ha decidido acelerar drásticamente los procedimientos de infracción. En los casos de falta de transposición de directivas, El Ejecutivo comunitario emitirá, como norma general, un «dictamen motivado» en un plazo de tan solo seis meses tras la primera notificación formal. Esta medida busca eliminar los procesos que se arrastran durante años, generando un entorno de incertidumbre que lastra las inversiones y el crecimiento económico. La nueva política de «tolerancia cero» con los retrasos también incluye una restricción severa a las prórrogas solicitadas por las capitales europeas, y tanto es así que, de hecho, en las etapas iniciales de un procedimiento de infracción, solo se concederán extensiones de plazo en circunstancias excepcionales de fuerza mayor.

España está en el foco en este sentido. En enero -últimos datos facilitados-, el ministerio de Exteriores recogía que el país tiene 101 directivas pendientes, la mitad ya caducadas por estar fuera de plazo. Entre las pendientes destacan la directiva relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, que está cursándose como proyecto de ley pero caducó en 2022 y la que tiene que ver con unos salarios mínimos adecuados en la UE, cuyo plazo expiró en noviembre de 2024.

Es más, la brecha de incumplimientos es mucho mayor en España que en el resto de socios europeos: Luxemburgo tiene 85 pendientes y Portugal 84. En el otro lado, República Checa, Austria y Lituania son los países miembros que más cumplen. España ya había cerrado 2024 con 84 directivas pendientes de tramitar, de las cuales 31 ya habían caducado entonces.

Además, España tiene abiertos 92 procedimientos de infracción -que no necesariamente conllevan sanción- por la Comisión Europea por no transponer las directivas o no hacerlo de la manera correcta. Dos más que al cierre de 2024, tal como refleja el informe. Eso sí, solo hay dos casos abiertos en los que la UE ha multado al país: uno por la tardanza con la directiva europea sobre conciliación laboral y familiar y otro por vulnerar la directiva comunitaria sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

En general, la Comisión Europea no solo quiere que la UE regule menos, sino que cuando lo haga sea de manera «ágil y eficiente», según explican desde Bruselas. Así, uno de los pilares de esta iniciativa es el principio de «simplicidad por diseño», que busca que las nuevas leyes sean claras desde su fase inicial de creación. Según el documento, una propuesta es sencilla cuando los afectados pueden entender fácilmente sus objetivos, quién debe actuar y cómo se logra el cumplimiento. Con esto, Bruselas pretende evitar la complejidad legislativa que actualmente frena la innovación y genera cargas burocráticas innecesarias para ciudadanos y empresas.

Para abordar el exceso de normas existentes, la Comisión ha anunciado un Plan de Acción para la Limpieza Profunda Regulatoria. Este plan se centrará prioritariamente en doce áreas que el Ejecutivo comunitario califica como «críticas» y que incluyen la libre circulación de bienes y servicios, energía, transporte, fiscalidad y el ámbito digital. El proceso busca eliminar disposiciones obsoletas, solapamientos e inconsistencias que fragmentan el mercado y elevan los costes de cumplimiento para las administraciones públicas y el sector privado.

La estrategia también pone el foco en combatir el llamado gold-plating o sobreregulación nacional, una práctica por la cual los Estados miembros añaden requisitos adicionales y costosos al trasponer las directivas europeas. Para mitigar este problema, la Comisión priorizará el uso de reglamentos de armonización completa sobre las directivas siempre que sea posible, ya que estos son directamente aplicables y limitan el margen de los países para introducir cargas burocráticas extra a nivel nacional.

Ya en rueda de prensa desde Estrasburgo, la propia Von der Leyen explicó que Europa «necesita claridad y coherencia», y de ahí este tipo de iniciativas. «Presentamos nuestro plan para que la elaboración de la legislación de la UE sea más eficiente, más eficaz y más transparente», añadió, y recalcó que también se combatirá, dijo, «la sobrerregulación, agilizaremos la aplicación de la legislación y sanearemos nuestro acervo legislativo actual». El objetivo, sentenció la dirigente alemana es «relanzar la competitividad» del bloque comunitario.

En la misma línea habló el comisario de Economía, Vladis Dombrovskis. «La UE existe para ofrecer resultados a nuestros ciudadanos y empresas, no para crear trámites burocráticos. Nuestras normas deben ser un medio para alcanzar un fin, apoyando nuestros esfuerzos por construir una economía social de mercado competitiva, innovadora y sostenible», añadió. Y por eso, concluyó, «es necesaria la detección y corrección de las leyes obsoletas, excesivas o que se solapan».

Related Articles