Publicado: septiembre 14, 2026, 6:11 pm
José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un recurso de apelación en el que pide a la Sala Penal de la Audiencia Nacional que rectifique la decisión del juez José Luis Calama y anule la rama de su investigación referida a sus negocios en Bolivia.
La defensa del ex presidente del Gobierno afirma que el juez del caso Plus Ultra y la Udef se han excedido al rastrear actividades económicas sobre las que no había indicio alguno de delito cuando se imputó a Zapatero. «La unidad policial ha emitido ese informe como resultado de una investigación general realizada sobre el Sr. Rodríguez Zapatero que se extiende a toda su actividad profesional», afirma el escrito del abogado Víctor Moreno Catena.
El investigado ya pidió al propio Calama en un recurso que rectificase su decisión de indagar en las gestiones de Zapatero ante el Gobierno boliviano y sus ingresos por ellos. El instructor se negó a devolver ese informe a la Udef replicando que zapatero no estaba «blindado» ante la investigación de nuevos hechos delictivos que aparecieran en la investigación, como era el caso.
Esa resolución negándose a desactivar la investigación sobre Bolivia «parte de una premisa que […] puede constituir una verdadera patente de corso para que la investigación se dirija a cualquier actuación personal o profesional de la vida del investigado», ya que en el auto de registro de su despacho se autorizó la incautación de «información masiva (conversaciones de Whatsapp, correos electrónicos, agendas, documentación bancaria, documentos privados de cualquier naturaleza, etc.), que permiten trazar con una enorme precisión todo lo que una persona ha hecho, día a día y hora a hora, durante más de seis años».
Zapatero resalta que los indicios del supuesto delito de tráfico de influencias «se limitan exclusivamente al caso de Plus Ultra». «Afirmar que hay una red con fines delictivos y luego emprender la búsqueda de más de un delito que demuestre que existe esa red alberga un razonamiento falaz», añade el recurso que revisará la Sección Tercera de lo Penal, encargada de revisar la actuación del juez Calama en el caso Plus Ultra.
El informe que Zapatero quería hacer desaparecer de la causa detectó tres transferencias por un monto global de 200.000 euros que no parecen corresponder con servicios prestados realmente a la sociedad Focus Social Research. Enmascaran, según la Udef, gestiones del ex presidente ante el Gobierno de Venezuela para librar a una empresa de una deuda de 107 millones de dólares.
«Las personas detrás de estos pagos a José Luis Rodríguez Zapatero formarían parte del conglomerado empresarial de origen peruano denominado Grupo Gloria. El objetivo pretendido era tratar de mediar o influir a favor de este grupo empresarial, en varios litigios millonarios mantenidos con la Administración Pública de Bolivia. Con esta finalidad, Zapatero se había reunido o contactado con altas esferas políticas de Bolivia, como son el propio presidente de la nación, los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado», sostiene el informe de la Policía Nacional.
En el atestado de la Udef se recalcan «los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes».
