Publicado: septiembre 21, 2026, 11:55 am
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Ceci y K5, el robot humanoide y el cuadrúpedo que fueron presentados en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 22 de julio, serán los nuevos integrantes de las autoridades para acompañar tareas de vigilancia, búsqueda y atención de emergencias. Sin embargo, su implementación permanece en pausa. Los equipos se encuentran en etapa piloto para conocer si realmente pueden integrarse con los sistemas que ya utiliza el centro. Se trata de un préstamo del proveedor para realizar las pruebas y hasta ahora no han generado un costo para el C5. “Ahorita, lo que estamos haciendo es una prueba de concepto para ver la viabilidad operativa de cómo integrarlos a las actividades propias del C5. Todavía no están operativos, pero estamos viendo cómo pueden fortalecer esas actividades”, asegura Barajas Durán. Antes de adquirir una cantidad específica, es necesario medir los resultados, realizar un estudio de viabilidad, calcular la inversión y presentar una propuesta, pues la tecnología policial es eficaz cuando está integrada en una estrategia de inteligencia acompañada de formación especializada. La clave no está en más drones, sensores o algoritmos, sino en la capacidad de detectar nuevas amenazas o prevenir riesgos. Carlos Perea, el operador de los prototipos en el C5, explica que el equipo busca que los robots se implementen por etapas. La primera es el reconocimiento facial. “Ahora estamos en el desarrollo de su inteligencia artificial y podríamos decir que en cuanto al avance vamos del 25 al 50% ”, menciona. Porque los robots llegan con habilidades, pero más centradas en el baile y algunos movimientos. Cosme López, desarrollador del centro que participa en la integración, aclara que son acciones que vienen incluidas desde fábrica. El trabajo de las autoridades consiste en incorporar los modelos de IA, las pruebas de reconocimiento facial y la posibilidad de conectarlos con los sistemas del C5 mediante un kit de desarrollo.
El objetivo es que Ceci pueda recibir alertas, consultar información y presentar un resumen a los operadores, mientras K5 pueda recorrer espacios confinados o peligrosos para construir mapas sin poner en riesgo a un policía o rescatista. También se contempla que lea placas durante recorridos y las compare con registros de vehículos robados. “Si no vinculamos ese reconocimiento y esas capacidades tecnológicas a nuestras bases de datos, no podemos obtener algún beneficio”, reconoce Barajas Durán. De lograrlo, la misma conexión permitiría que Ceci alertara a los mandos cuando el sistema detecte un dron no identificado, un automóvil o una llamada de emergencia cerca de una unidad disponible, todo de forma automática y sin depender de que un operador esté observando la pantalla en ese momento.
El costo de convertir un robot en policía
Ceci es un Unitree G1 , un robot humanoide fabricado en China que mide 1.32 metros y pesa aproximadamente 35 kilos con batería. La versión básica tiene cámara de profundidad, sensores LiDAR 3D y una batería con duración aproximada de tres horas.
A su vez, el K5 es un Unitree Go2 , cuadrúpedo de 70 centímetros de largo, 31 de ancho y 40 de alto que pesa alrededor de 15 kilos. Utiliza los mismos sensores que Ceci para reconocer su entorno y, dependiendo de la versión y la batería instalada, puede funcionar entre una y cuatro horas. En la página oficial de Unitree, el G1 se vende desde los 13,500 dólares, aproximadamente 232,601 pesos mexicanos. El Go2 se va de los 1,600 hasta 4,500 dólares, dependiendo de la versión, la batería y el controlador. Esto significa que el costo de convertirlos en una herramienta policial no se limita al robot, las autoridades mencionan que debe incluir la programación, los sistemas para conectarlo con las bases de datos, el mantenimiento, la capacitación, las baterías, los controles de ciberseguridad y el soporte técnico.
Una referencia se encuentra en el inventario público de bienes de Nuevo León, donde el Instituto Estatal de Transparencia registró un robot cuadrúpedo el 23 de diciembre de 2025 por 429,101.40 pesos para un centro de control y comunicaciones en San Pedro Garza García. La cifra no puede utilizarse como el precio que pagaría el Estado de México porque el registro no aclara la versión, los controladores, el software, el soporte o los servicios incluidos, pero si sirve para mostrar que una adquisición pública puede quedar muy por encima del precio anunciado en la tienda del fabricante.
Los sesgos al reconocer un rostro La posibilidad de conectar los robots con bases policiales abre otro problema, pues un sistema de reconocimiento facial puede confundir a dos personas o presentar diferencias de precisión según la calidad de la imagen, la iluminación o las características del rostro. Al respecto, Barajas Durán reconoce que los sistemas pueden presentar sesgos y asegura que el C5 sigue midiendo su efectividad, por lo que todavía no han incorporado bases de datos reales a los robots. Por otro lado,
Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) advierte que una coincidencia generada mediante inteligencia artificial no debería utilizarse por sí sola para detener o acusar a una persona. “El uso de la tecnología debe estar acompañado de una investigación para no confundir a las personas, para ver que efectivamente un positivo en reconocimiento facial sea la persona que cometió un crimen y no alguien que sencillamente se parece”, explica. Para Rivas, la tecnología puede ayudar en una parte del proceso, pero pierde utilidad cuando no existe una patrulla que responda, una fiscalía que investigue o suficientes especialistas para convertir la información en pruebas. “La tecnología sin el factor humano y sin vasos comunicantes con la fiscalía sirve de poco. Puede ayudar en una parte del proceso, pero no necesariamente entrega todo lo que se requiere para investigar y sancionar un delito”, menciona. Otro reto ocurre mientras los grupos criminales incorporan drones, comunicaciones y sistemas de vigilancia. A diferencia de las autoridades, estas organizaciones no tienen que realizar estudios de viabilidad, licitaciones ni evaluaciones de protección de datos antes de modificar un dispositivo comercial.
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