Publicado: julio 9, 2026, 6:07 pm
El Gobierno ha dado este jueves un nuevo paso en la reforma del sistema de dependencia. La Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso ha aprobado, con 20 votos a favor y 17 en contra, el dictamen del proyecto de ley que modifica el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Tras superar este trámite parlamentario, la iniciativa continuará ahora su recorrido en el Pleno del Congreso, donde deberá someterse a una nueva votación antes de seguir su tramitación.
Una norma que llega junto con la mayor inyección económica de la historia del sistema: 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027, con los que el Ejecutivo pretende reducir las listas de espera, acortar los tiempos de tramitación y ampliar la atención a las personas dependientes.
Sin embargo, el alcance del problema varía según la metodología empleada para medirlo. Mientras el Ministerio de Derechos Sociales sitúa la lista de espera oficial en 142.887 personas, al contabilizar únicamente a quienes llevan más de seis meses esperando —el plazo máximo previsto en la ley—, el Observatorio Estatal para la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, eleva esa cifra hasta 255.302 personas, ya que incluye también a quienes todavía no han superado ese plazo legal.
Así, 108.908 personas permanecen pendientes de ser valoradas, lo que representa el 42,7% del total, mientras que 146.394 ya tienen reconocido el derecho a una prestación o servicio pero continúan esperando a recibirlo, el 57,3%. En conjunto, el Observatorio contabiliza 2.865 personas menos en lista de espera que hace un año, una reducción mucho más moderada que la reflejada por las cifras oficiales.
La mayor parte de esos recursos llegará a las comunidades autónomas a través del denominado nivel mínimo de financiación, incrementando la cantidad que el Estado aporta por cada beneficiario atendido. Según explicó el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, las comunidades recibirán de media cerca de un 98% más de financiación vinculada al número de personas atendidas, con el propósito de incorporar nuevos beneficiarios, contratar más profesionales, mejorar las condiciones laborales del sector y reforzar prestaciones como la ayuda a domicilio o la asistencia personal.
La reforma incorpora además una de las principales reivindicaciones que el Gobierno había asumido al inicio de la legislatura: blindar por ley que la Administración General del Estado financie el 50% del sistema de dependencia. La modificación, incorporada mediante una enmienda de los grupos que sostienen al Gobierno, convierte ahora ese objetivo político en una obligación legal. Además, es una iniciativa que ha conseguido salir adelante a pesar del voto en contra del PP, que rechazó la enmienda pese a que las comunidades autónomas gobernadas por los populares llevan años reclamando que el Estado asumiera la mitad de la financiación del sistema.
El gran problema de las listas de espera
Los datos del Panel del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), correspondientes al primer semestre de 2026, muestran que el sistema continúa mejorando sus indicadores. La lista de espera oficial se ha reducido un 21% en el último año y un 54% desde 2021, mientras que el número de personas que reciben efectivamente una prestación alcanza un máximo histórico de 1.707.328 beneficiarios, un 11% más que hace un año.
No obstante, el gran cuello de botella sigue siendo la tramitación administrativa. El tiempo medio entre la solicitud y la resolución de una prestación se sitúa en 314 días, casi diez meses, pese a haber descendido 27 días durante el último año. El propio Ministerio reconoce que este continúa siendo uno de los principales retos del sistema.
Las diferencias entre territorios siguen siendo muy acusadas. Mientras Ceuta resuelve los expedientes en una media de 82 días, Aragón tarda 117 y Castilla y León 120. En el extremo opuesto se encuentran Murcia, con 551 días de espera, Andalucía (435) y Asturias (425).
Precisamente para reducir estos plazos, la reforma aprobada este jueves introduce cambios de calado en el modelo de atención. Entre las principales medidas figura la eliminación de incompatibilidades entre prestaciones para que una misma persona pueda combinar distintos apoyos, la ampliación de la cartera de servicios —con mayor peso de la asistencia personal y de los cuidados domiciliarios y comunitarios— y la simplificación de los procedimientos administrativos con el objetivo de reducir la burocracia y acelerar la resolución de los expedientes.
Durante la presentación de los datos, Bustinduy defendió que la combinación de la reforma legal y el incremento presupuestario permitirá «avanzar hacia la eliminación de las listas de espera». Sin embargo, evitó fijar una fecha cuando fue preguntado expresamente por el horizonte para alcanzar ese objetivo.
El Ministerio sí maneja proyecciones que apuntan a una reducción significativa de la lista de espera en los próximos años gracias al aumento de la financiación, aunque sin concretar cuándo podría desaparecer por completo.
