Publicado: abril 16, 2026, 4:08 pm
Desde este mismo jueves casi 250.000 empleados públicos que trabajan para la Administración General del Estado (AGE) y sus organismos dependientes podrán empezar a disfrutar de una reducción de su jornada a 35 horas semanales. Tras meses de negociaciones entre los sindicatos y el ministerio de Función Pública, la medida ha entrado en vigor hoy, aunque la administración todavía dispone de un plazo de un mes para terminar de adaptar los calendarios o los sistemas de control de jornada.
Hasta ahora, los empleados de la administración central realizaban una jornada semanal de 37 horas y media, mientras que los trabajadores públicos autonómicos y en buena parte de las entidades locales disfrutaban ya de semanas laborales de 35 horas. El recorte horario en la AGE era una vieja reivindicación del sindicatos, que se había pactado ya hacía más de tres años, pero no se había llevado a cabo.
En la práctica, el nuevo sistema se traducirá en media hora menos de tiempo de trabajo al día, que equivalen a dos horas y media menos cada semana y un total de 109 horas menos al año. Estas 109 horas implican trabajar tres semanas laborales menos cada ejercicio, o lo que es lo mismo, 15 días menos.
Con la llegada de las 35 horas a la Administración General del Estado, la gran mayoría de la administración disfruta ya de esa jornada reducida. Un recorte horario que ensancha las diferencias entre el sector público y el privado, donde el Gobierno fracasó en su intento de recortar el tiempo de trabajo a 37,5 horas el año pasado por el bloqueo del Congreso. En este caso, todo sea dicho, esa barrera no existe dado que Función Pública tiene la competencia para fijar los horarios sin necesidad de pasar por el Parlamento.
Incluidos y excluidos
La rebaja en el tiempo de trabajo beneficiará aproximadamente a la mitad de los trabajadores de la administración central. El personal de los ministerios, de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, de los organismos autónomos, las empresas públicas, agencias estatales… quedan incluidos en la nueva instrucción sobre jornada y horarios de trabajo.
La instrucción también abre la puerta a que se acojan a esta jornada reducida los trabajadores de instituciones penitenciarias y los sanitarios y docentes de la administración central. Para ello será necesario adaptar todavía las regulaciones que rigen sus condiciones. Sin embargo, quedan expresamente excluidos los trabajadores de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia Civil…). En un primer momento tampoco se iban a beneficiar de la medida las Fuerzas Armadas pero la Unión de Militares de Tropa aseguró este miércoles que el Ministerio de Defensa le había confirmado oficialmente que procederá «de manera inmediata» a adaptar la reducción.
El texto deja fuera también a los trabajadores de las entidades locales (ayuntamientos, cabildos insulares, diputaciones…), que mantendrán la jornada de 37,5 horas aprobada en 2018 con carácter general, salvo que su administración haya establecido lo contrario. En buena parte de las corporaciones locales grandes del país los empleados ya disfrutan de jornadas de 35 horas.
Desde el sindicato CSIF —el más representativo en la AGE— advierten de que presionarán a las administraciones que todavía no han implantado la reducción de jornada para que lo hagan y que estarán muy vigilantes de que se reduce el tiempo de trabajo allá donde haya derecho. De hecho, amenazan con adoptar medidas legales en caso contrario.
Finalmente, en el caso de los empleados públicos con dedicación especial como suelen ser asesores, jefes y puestos de responsabilidad que requieren más tiempo de trabajo y disponibilidad, la jornada se reduce de las 40 horas actuales a 37 horas y media.
Salir media hora antes
Una de las consecuencias de la nueva jornada es que los horarios de presencia obligada a los funcionarios se reducen media hora. Para el turno de mañana, esto se traduce en que el empleado deberá estar presente sí o sí entre las 9.00 y las 14.00 horas (antes era hasta las 14.30); en la jornada de tarde pasa a ser de 15.00 a 20.00 (antes a las 20.30 h) y en el turno partido, queda fijada de 9.00 h a 16.30 h y hasta las 14.30 h los viernes. Además, las oficinas que adopten la jornada intensiva en verano (entre el 16 de junio y el 15 de septiembre) tendrán un horario de 8.00 a 15.00 h en el turno de mañana y de 14.30 a 21.30 en el de tarde.
En esa misma línea, los empleados públicos con hijos menores de 12 años, los que están a cargo de personas con discapacidad o familiares enfermos de gravedad mantendrán su derecho a flexibilizar una hora en ese tiempo de presencialidad obligatoria. Un derecho que se extiende a los trabajadores designados como «persona cuidadora», es decir, aquellos que prestan ayuda a un familiar o conviviente que la necesite al no poder valerse por sí mismo.
