Publicado: julio 10, 2026, 4:07 am
El grueso del oficio de la UCO remitido al juez Santiago Pedraz se centra en la actividad de Serrano, pero también pide autorización a para analizar el contenido de los teléfonos intervenidos a otras cuatro personas a las que sitúa en la trama para desactivar las causas perjudiciales para Gobierno y PSOE. Lo hace tras explicar que en la investigación sobre esas maniobras «se identificó un elemento especialmente significativo y, al mismo tiempo, demostrativo de la unidad de acción de esta organización criminal«. Se trataba de «la forma en la que fueron sufragados los costes y satisfechas las necesidades logísticas de la actividad investigada».
Es ahí donde entraban tres personas «incardinadas en la estructura del partido», que hoy están imputadas en la causa. La principal es Ana María Fuentes Pacheco, actual gerente del PSOE. A la investigada se le atribuye «falsear notas de encargo profesional» para sufragar gastos de abogados dedicados a la operación de desactivar las causas penales. Fuentes habría actuado «con la intermediación de Leire y bajo las directrices de Cerdán», afirma la UCO.
Su posición relevante en el PSOE llevó al juez a pedirle documentación del partido. Su defensa presentó un escrito indicando que en el procedimiento penal estaba actuando únicamente en representación propia y que si deseaba documentos del PSOE debía dirigirse a quien el partido designara como representante.
La UCO señala también a dos trabajadoras del área de secretaría y administración del PSOE. A Covadonga San Pedro Pascual le atribuye «funciones de carácter auxiliar, consistentes en el apoyo logístico y administrativo de la actividad desplegada». Eso incluía la gestión de viajes de miembros de la organización, que pagaba el partido, y facilitar «el desarrollo de las reuniones» que mantenían. A Celia Rodríguez Alonso la UCO le atribuye «un rol y funciones similares» que a su compañera.
«En lo que respecta a estas tres personas», recapitula el oficio remitido al juez, «su participación se considera esencial en lo relativo a la asunción del coste de las actuaciones desarrolladas por parte del PSOE». Explica que el objetivo general de analizar sus teléfonos es «el poder determinar y cuantificar los costes asumidos realmente, las operativas desarrolladas para hacerlo y las personas participantes en las mismas, el conocimiento que estas pudiesen tener de la actuación que se desarrollaba o la determinación de las personas que habrían participado».
Tras exponer el caso de otro investigado, el ex miembro de la UCO Juan Sánchez Yepes, el oficio indica que contra los cinco «existen en la causa elementos concretos de los que se evidencia que habrían mantenido interacciones o comunicaciones con otras de las personas investigadas». Por ello, considera «esencial el contar con la información» que albergan los teléfonos que se les intervinieron. El juez ha pedido un informe a la Fiscalía Anticorrupción antes de resolver sobre la autorización para su análisis.
Al margen del papel individual de las tres empleadas del PSOE, el informe recuerda que Santos Cerdán, «como secretario de Organización del PSOE, habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido«. Eso incluía afrontar algunos costes y aportar personal y dependencias para facilitar el desarrollo de l as actividades investigadas.
