Publicado: octubre 19, 2026, 12:07 pm
La juez de la Audiencia Nacional que investiga la oleada de inmigrantes en Ceuta ha dictado un auto en el que impulsa una nueva tanda de diligencias para aclarar lo ocurrido. La magistrada María Tardón cita a declarar a tres consejeros de la Ciudad Autónoma y a tres policías que estuvieron presentes en la frontera durante los hechos del 30 y 31 de julio.
El martes 27 de octubre deberán comparecer tres consejeros señalados por el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas ante la juez por su presencia en las zonas afectadas o participación en la gestión de la crisis. Se trata de los responsables de Presidencia (Alberto Ramón Gaitán Rodríguez), Sanidad y Servicios Sociales (Nabila Benzina Pavón) y el vicepresidente primero y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda (Alejandro Ramírez Magaña).
Al día siguiente declararán tres funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que estaban de servicio el 30 de julio y presenciaron los hechos en distintos momentos: un inspector y dos subinspectores. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras los señaló en tres informes ampliatorios.
Además, y también a propuesta de la Fiscalía de la Audiencia, la instructora reclama nueva documentación a diferentes instancias, en particular al Ejército, a Interior y a la Ciudad Autónoma.
Requiere a la Ciudad y a la Delegación del Gobierno todos los documentos de las reuniones que mantuvieron los días 27, 28 y 30 de julio. El auto recuerda que según los testimonios ya prestados en la causa, en los encuentros se alertó de la gravedad de la situación y se pidieron medidas extraordinarias.
Además, pide que se localice a un tal Ahmed, mencionado por el entonces jefe de Gabinete del delegado del Gobierno como una persona que había avisado de movimientos inusuales en Castillejos y de concentraciones de personas en territorio marroquí. Gonzalo Sanz lo describió como un interlocutor «constante y fiable» de la Comandancia de la Guardia Civil. La jueza pide a la Guardia Civil y a la Policía que lo identifiquen, así como a los agentes que hablaron con él, para citarlos como testigos.
La instructora se dirige también al Jefe del Estado Mayor de la Defensa y le reclama, a la vista de los documentos que el Consejo de Ministros desclasificó el 8 de septiembre: todos los informes de inteligencia y seguridad de la Comandancia del Ejército de Tierra en Ceuta; los informes de inteligencia del grupo de seguimiento de Marruecos del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS); más imágenes satelitales de la frontera de Ceuta y la interceptación del programa Santiago sobre la frontera de Ceuta en esas fechas.
El auto lamenta que, pese al tiempo transcurrido desde los hechos no se le hayan aortado aún cifras relevantes. Exige al Ministerio del Interior, a la Guardia Civil, a la Policía, a la Ciudad y al Centro de Coordinación de Salvamento de Tarifa todos los datos oficiales sobre entradas registradas, retornos, devoluciones, rescates, fallecimientos, menores atendidos, efectivos desplegados y recursos movilizados.
Igualmente, a la Ciudad le pide los informes sobre la afectación a los servicios públicos esenciales: seguridad ciudadana, servicios sociales, educación, sanidad, economía e infraestructuras. También le reclama el informe de daños económicos que Vivas mencionó en su declaración del 30 de septiembre o, si se ha actualizado, su última versión. La Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de Ceuta deberán aportar su propia evaluación de los perjuicios.
