Publicado: mayo 12, 2026, 4:07 pm
La Audiencia Nacional pide asumir más investigaciones sobre redes de narcotráfico de especial relevancia que hasta ahora se quedaban en los juzgados ordinarios. Así consta en una amplia propuesta de reforma de competencias de este tribunal remitida al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que alcanza también a otros campos delictivos, como el blanqueo, la trata de seres humanos y el tráfico de bienes culturales.
La propuesta impulsada por el presidente del tribunal, Juan Manuel Fernández, incorpora los pareceres de la Fiscalía de la Audiencia, la Fiscalía Antidroga y magistrados de la sede judicial. Llega a pocos meses de que la Audiencia Nacional cumpla 50 años de existencia. El documento estima necesaria la ampliación de competencias «ante los nuevos desafíos del crimen organizado que suponen ampliar su ámbito de actuación y consolidarla como centro de referencia en investigaciones penales transnacionales complejas».
La Sala de Gobierno de la Audiencia considera que debería asumir investigaciones contra el narco, aunque no se cumpla el requisito actual de que los hechos delictivos afecten a varias provincias. «Siempre y cuando así lo aconseje la gravedad del hecho y la complejidad de una investigación eficaz y en tiempo debido».
La solicitud de reforma llega cuando diversos episodios violentos relacionados con el narcotráfico en el sur de España han cuestionado la adecuación de los medios, tanto materiales como procesales. Así sucedió con la muerte de dos guardias civiles arrollados en 2024 por una narcolancha en Barbate y, muy recientemente, la de otros dos agentes durante una persecución en aguas de Huelva.
Fiscal jefe Antidroga
La propuesta incorpora un informe de la fiscal jefe de Antidroga, Rosana Morán, que recuerda que desde 2022 se viene advirtiendo «de la inadecuación de la organización judicial actual para abordar un fenómeno creciente en cantidad y gravedad como es el narcotráfico, cada vez más vinculado a la delincuencia organizada internacional, más violento y con una capacidad creciente y preocupante de corrupción».
Reflejo del incremento de la actividad del narco es que entre 2023 y 2024 crecieron un 32% el número de diligencias de este tipo abiertas en la Audiencia Nacional. De hecho, la Sala de Gobierno también reclama al CGPJ un magistrado de refuerzo para el Juzgado 1 de la Audiencia, en el que han recaído gran parte de las nuevas causas de este tipo.
«Lo que viene a mostrar este alarmante incremento de causas en la Audiencia Nacional», añade la fiscal jefe, «es que el mayor aumento se da en relación con los delitos de tráfico de drogas más graves, que serían los que se cometen a través de organización y que afectan al territorio de varias provincias».
Estima que «el criterio de interprovincialidad está obsoleto y es en estos momentos absolutamente inadecuado para definir los delitos más graves que deberían recaer dentro de la competencia de la Audiencia Nacional». Mantener que la Audiencia no es competente si el delito no afecta a varias provincias «provoca retraso en muchos casos en la llegada de las investigaciones» al tribunal especializado.
La fiscal jefe pide asumir casos en las que los investigados hayan empleado «medios especialmente sofisticados o violentos» en la comisión de los delitos. También cuando la droga detectada exceda ciertas cuantías o esté implicado un miembro de las Fuerzas de Seguridad.
Coordinación transnacional
La iniciativa también propone avanzar hacia un nuevo estatuto institucional que defina a la Audiencia Nacional «como un auténtico centro judicial español de coordinación en investigaciones penales transnacionales complejas, reforzando su papel estratégico dentro del sistema judicial».
El documento que examinará el CGPJ también propone modificaciones en la lucha contra la trata de seres humanos. Pide que asuma la Audiencia todos los casos cuando sean cometidos por organizaciones criminales con dimensión transnacional o que operen en un ámbito territorial que exceda el de una Comunidad Autónoma.
Añade que debería asumir la Audiencia Nacional los delitos de ciberseguridad que pongan en peligro la seguridad de infraestructuras críticas, como redes eléctricas, sistemas de transporte o instituciones financieras. Igualmente, se propone que sea este tribunal el que investigue los delitos de tráfico ilícito de bienes culturales que tengan una dimensión transnacional o que afecten a un patrimonio cultural de especial relevancia.
