Publicado: julio 29, 2026, 8:08 am
España afronta una de las mayores emergencias por incendios de su historia reciente y las hectáreas forestales afectadas por el fuego superan ya las 173.000. Esto supone seis veces más que la cifra registrada en el mismo periodo de 2025 y un impacto económico difícil de calcular dado que los cálculos de las autoridades parten de distintos criterios a la hora de medir el coste de extinguir un incendio forestal. Para la Agencia Forestal de Navarra, por ejemplo, el gasto promedio, cuando intervienen medios aéreos, es de 10.000 euros por hectárea, mientras que la patronal de empresas forestales, Asemfo, eleva esa cifra a unos 19.000 euros.
En función del criterio utilizado, la factura de las labores de extinción en lo que va de año oscilaría entre 1.736 y 3.300 millones de euros -tomando como referencia los datos de superficie forestal afectada compartidos desde el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco)-. Estas estimaciones, no obstante, reflejan únicamente el gasto operativo de combatir las llamas y no incluyen las pérdidas ocasionadas por la destrucción de viviendas, infraestructuras, explotaciones agropecuarias, espacios naturales, biodiversidad, así como el impacto sobre la actividad turística.
Como antecedente, el informe ‘Grandes incendios forestales‘ de Greenpeace, elaborado con datos de Asemfo, estima que el Gobierno español destinó el año pasado entre 3.548 y 6.741 millones de euros a las tareas de extinción de incendios. Según cifras del Ministerio del Interior citadas en ese documento, durante ese periodo se registraron 8.189 incendios forestales que arrasaron más de 354.000 hectáreas en todo el país y firmaron el peor balance de la última década.
Más recursos contra el fuego
En este escenario, desde el Miteco pusieron de manifiesto este martes el refuerzo de los recursos estatales destinados a la lucha contra el fuego. Según los datos difundidos por la cartera que dirige Sara Aagesen, el presupuesto para extinción de incendios forestales ha aumentado un 34% entre 2024 y 2026, con un incremento del 47% en la dotación de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), además de la renovación de bases y el refuerzo de los medios aéreos, incluida la futura incorporación de siete nuevos aviones anfibios a partir de 2028.
Al margen del Gobierno central, el reparto por comunidades autónomas -en términos absolutos- sitúa a Andalucía como la que más recursos moviliza, con cerca de 300 millones de euros para el dispositivo INFOCA, seguida de Galicia, con unos 190 millones; Castilla-La Mancha (126 millones); y Asturias (78 millones). Otras como la Comunidad de Madrid destaca por el esfuerzo realizado en relación con su territorio, al haber destinado 52,7 millones de euros al Plan INFOMA, un 35 % más que en la campaña anterior.
El impacto en las cuentas públicas
Desde una perspectiva más amplia, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) apuntaba en un análisis reciente el fuerte coste que asumieron las arcas públicas para hacer frente a las emergencia climáticas y los desastres naturales durante las últimas dos décadas. En concreto, fenómenos como incendios, sequías o inundaciones costaron al Estado en torno a 65.000 millones entre 2005 y 2025. Este importe, no obstante, engloba distintas categorías de riesgo, entre ellas eventos geofísicos como la erupción del volcán de La Palma en 2021 y riesgos biológicos como la Covid.
Según las estimaciones del supervisor, dentro de esta cuantía, el Estado destinó 16.500 millones de euros a obras de emergencia y ayudas dirigidas a las personas afectadas, 12.800 millones a compensaciones abonadas por el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y otros 35.000 millones a costes de respuesta, una partida que incluye, asimismo, los gastos derivados de la gestión de la pandemia. A la vista de estos datos, la AIReF instó al Ejecutivo a mejorar las fuentes de información disponibles, avanzar en la cuantificación del impacto fiscal de estos riesgos y definir una estrategia de mitigación de estos riesgos.
