Publicado: julio 3, 2026, 10:07 am
El vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) Bartolomé Lora, imputado por un presunto delito de prevaricación en el rescate de Air Europa, ha admitido ante el juez reuniones previas a la concesión de la ayuda a la aerolínea en las que participaron miembros su empresa matriz, Globalia, con representantes de la sociedad pública y del Ministerio de Economía.
Durante la hora y media en la que ha estado declarando, Lora, que ejercía de presidente en funciones en 2020, cuando se aprobó el rescate, ha negado cualquier tipo de irregularidad en el trámite y ha justificado que gracias a esos encuentros obtuvo información que agilizó el proceso que ahora investiga el juez José María Escribano. Esta es la primera causa penal sobre el rescate de Air Europa por valor de475 millones de euros. En la causa ejercen de acusación el Partido Popular y Vox.
Ante el magistrado, ha explicado que dichas reuniones se produjeron en julio de 2020, un mes antes de que se abriera el expediente de la aerolínea. Además del propio Lora y representantes del Ministerio de Economía, en los encuentros participó un equipo técnico y jurídico de Globalia. Los contactos del antiguo CEO de la empresa, Javier Hidalgo, con la esposa del presidente del Gobienro, Begoña Gómez, ya pusieron el rescate bajo sospecha durante la instrucción del caso Begoña.
Por el momento, el vicepresidente de la Sepi es el único investigado en este procedimiento, a la espera de que el instructor decida si también imputa al resto del Consejo Gestor de esta sociedad pública que dio el visto bueno a los rescates mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.
El magistrado reclamó identificar a las personas que aprobaron la ayuda con él, además de abundante documentación que no ha sido remitida al titular del juzgado de Instrucción 49 de Madrid.
Lora compareció en abril en lacomisión de investigación del Senado que indaga en la gestión de la Sepi. Allí defendió la legalidad del rescate de casi 500 millones de euros. «El control que ha hecho SEPI del Fondo de Solvencia ha sido riguroso. […] El Tribunal de Cuentas, que es la autoridad máxima, ha emitido informe diciendo que todos los expedientes cumplían los requisitos que determinaba la normativa y que se han ajustado a derecho», declaró.
