Publicado: agosto 7, 2026, 2:07 pm
El Gobierno de España ha dado un ultimátum al de Italia para que «rectifique» y «ponga fin a los controles en frontera» a sus ciudadanos, una restricción que el Ejecutivo de Giorgia Meloni adoptó a raíz de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta procedentes de Marruecos. Si no lo hiciera antes de que concluya el próximo domingo, 9 de agosto, desde el gabinete de Pedro Sánchez arguyen que se verán obligados «a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad» de los españoles.
Según indican fuentes de Moncloa, la suspensión temporal de la libre circulación -en vigor desde el sábado pasado- está «afectando a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival». «Esta medida, sin precedentes en la historia reciente, se adoptó sin aviso previo, de forma unilateral y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad», agregan.
En este sentido, desde el Gobierno español señalan que Italia obvia que «ninguno de los migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta la semana pasada pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen porque la ciudad autónoma tiene un régimen especial en el mismo», además de que «la práctica totalidad de ellos ya han retornado a Marruecos». También indican que la nación transalpina es «el estado miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España».
Asimismo, en el Ejecutivo central recalcan que desde la llegada de Meloni al poder, en 2022, su país «no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria» al resto de socios comunitarios y que, a pesar de ello, «España nunca ha introducido controles» a sus ciudadanos. «De hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central», subrayan.
Por todo ello, desde el gabinete de Sánchez inciden en que la medida adoptada por Italia es «injusta, contraria a los intereses de la Unión Europea y discriminatoria para la población española». A pesar del ultimátum y la amenaza para que se levanten los controles, sostienen que confían en que «el europeísmo, el sentido común y la buena fe se impongan» porque «los gobiernos están para impulsar el entendimiento entre países y el interés general de sus poblaciones, no para crear fracturas y conflictos estériles impulsados por motivaciones electorales internas».
