Publicado: junio 14, 2026, 8:07 am
Una decena de consejerías tiene el organigrama de la Junta de Castilla y León que Alfonso Fernández Mañuecoperfiló ayer, cuando dio a conocer los nombres de quienes le acompañarán en el poder en esta tercera legislatura. Y, de esas 10 carteras, solo una tendrá asociadas en este mandato las mismas competencias que en el anterior: la de Cultura, Turismo y Deporte, que recae en manos de Vox. En las otras nueve, las dos derechas han reconfigurado las atribuciones para que ambos partidos vean sus intereses satisfechos, de tal manera que los de Santiago Abascal asumen poder de decisión en sus áreas más codiciadas -inmigración, medioambiente y campo- y el PP se reserva la gestión de las cuestiones más críticas.
El ejemplo más claro de este baile de competencias que termina por aligerar la carga gestora de Vox es lo que sucede con la consejería de Familia -antes, Familia e Igualdad de Oportunidades; ahora, Desregulación, Familia y Ayudas Sociales-. Según explicó ayer Mañueco, esta cartera, en manos de los de Abascal, controlará cuestiones de juventud, infancia, atención a la diversidad, drogodependencia, inclusión social e inmigración. Son materias que ya recaían en esta consejería en la anterior legislatura, aunque ésta entonces también llevaba asociadas funciones de atención a personas mayores y con discapacidad y sobre igualdad de oportunidades. Ahora, estas salen de la cartera de Familia para permanecer en manos del PP.
No son cuestiones menores. Sobre todo, en una comunidad donde el 27,2% de la población es mayor de 65 años -frente al 20,7% a nivel nacional-. En los últimos presupuestos que se aprobaron en Castilla y León, relativos al ejercicio 2024, la consejería de Familia fue la tercera con mayor dotación de fondos, solo detrás de Sanidad y Educación. De los 1.368 millones de euros que le correspondieron, más de 500 millones se presupuestaban para la atención a personas mayores -300 millones- y con discapacidad -200-. Estos fondos, pues, saldrían ahora de la cartera que asume Vox y seguirían en manos del PP, enmarcados en una consejería, la de Sanidad, que engorda sus competencias.
A cambio, Carlos Pollán, líder de Vox en esta comunidad y que será vicepresidente primero y consejero de Familia, añade a su haber potestades en materia de «desregulación» -simplificación administrativa, una de las banderas del partido- y cooperación al desarrollo. Esta última cuestión, sin embargo, llevará asociado menos presupuesto, pues una de las metas de la derecha dura es reducir los fondos para este fin -ya lo ha hecho en Extremadura-. Así, de acuerdo con la reconfiguración de la Junta pactada, Vox podrá poner en marcha su programa migratorio, pero el PP no le cede el grueso gestor en materia social.
Algo similar ocurre con las competencias de medioambiente, otra de las piezas clave en el ideario de Abascal y por la que ha pujado en este ciclo negociador -se llevó una parte en Aragón, pero no en Extremadura-. En Castilla y León, la Política Ambiental queda en manos de Vox -en la cartera de Agricultura-, con lo que el partido podrá decidir sobre «prevención, inspección y control ambiental». Sin embargo, los populares conservarán el grueso de las competencias medioambientales en otra cartera que, por lo que adelantó Mañueco, incluiría también la gestión forestal; los incendios. Un asunto crítico que Vox, pese a interesarse por temas de campo y medioambiente en las tres comunidades, solo controlará en Aragón.
