Publicado: noviembre 3, 2026, 3:07 pm
La Abogacía del Estado se ha opuesto a que la suspensión del voto se extienda a los hijos de quienes lograron la nacionalidad por la ley de nietos y que también se hubieran inscrito en el censo electoral de residentes en el extranjero.
Entre los motivos aducidos por la representación jurídica del Gobierno está la «imposibilidad material» de proceder a la identificación de ese colectivo, dado lo avanzado de los plazos para la convocatoria electoral del 29-N.
El escrito a la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal recuerda que el Gobierno ha necesitado «mes y medio» de esfuerzo ingente en los consulados para elaborar la lista de los que obtuvieron la nacionalidad conforme a la ley de nietos sin haber demostrado documentalmente que fueron exiliados.
Cumplir con la orden del Supremo de entregar la lista la semana pasada requirió la participación «de la práctica totalidad de las 172 oficinas consulares con funciones de registro civil, la implantación de sistemas provisionales de transmisión de datos, el desarrollo urgente de herramientas informáticas específicas, la movilización de personal adicional, la cancelación de vacaciones previamente autorizadas, el requerimiento expreso de prestación de servicios durante fines de semana y festivos, la autorización de cierres temporales al público de numerosas oficinas y la reasignación prioritaria de recursos humanos normalmente destinados a la prestación ordinaria de servicios consulares».
Repetir la tarea con un nuevo colectivo incluso más amplio -casi 190.000 personas- «resulta materialmente incompatible con los recursos disponibles y con el mantenimiento de los servicios públicos esenciales que las oficinas consulares deben continuar prestando».
La ampliación de la medida cautelar pedida por Iustitia Europa y por Vox solicitaba bloquear el voto de otro de los bloques a los que la Ley de Memoria Democrática de 2022 daba derecho a pedir la nacionalidad. Esta vez no a los exiliados -o presuntos exiliados-, sino a sus hijos y, además, a quienes obtuvieron el pasaporte conforme a la ley anterior de Memoria Histórica, aprobada en 2007.
Se trata de un total de 189.678 personas, frente al listado de 163.020 nacionalizados por la ley de nietos que Justicia y Exteriores tuvieron que examinar. En esos casi 190.000 caben tanto hijos de nacionalizados conforme a la primera ley (impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) como de la segunda, la ley de nietos. La Abogacía resalta que el primer bloque debería, en todo caso, quedar fuera de la cautelar, porque no se ha cuestionado en el procedimiento la validez de la Ley de Memoria Histórica de 2007.
A esas objeciones prácticas la Abogacía del Estado suma las que ya expuso desde el principio en la revisión de la ley de nietos: que no está justificada una medida cautelar que supone bloquear un derecho fundamental como es el de la participación política.
