Publicado: octubre 29, 2026, 12:07 am
«Sólo he vuelto a Letur en fechas señaladas porque allí está enterrada mi madre, pero no nos sentimos bien recibidos. Nos miran mal». Larisa Morenilla es hija de Antonia López, una de las seis víctimas que la dana de 2024 se cobró en el pequeño municipio de 900 habitantes de la Sierra de Segura en Albacete. Antonia estaba en su casa del casco antiguo cuando la tromba de agua arrastró un coche y lo encajó en la esquina de su calle, haciendo tampón y provocando que la fuerza del agua arrancara media casa y la habitación donde estaba. Aquel día perdieron la vida también Dolores, el matrimonio que formaban Mónica y Jonathan, y los operarios municipales Manuel y Juan Alejandro.
Cuatro de las familias, a las que se unió una quinta, presentaron en abril de 2025 una querella contra el Ministerio del Interior, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Letur, la Agencia Estatal de Meteorología y a la Confederación Hidrográfica del Segura por seis delitos de homicidio imprudente.
La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Número 1 de Hellín la admitió a trámite, pero la instrucción es lenta, mucho más lenta que la que ven en Catarroja. La magistrada Ruiz Tobarra imputó a dos altos cargos -la ex consellera de Interior Salomé Pradas y el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso– ha recabado en dos años 690 testimonios, ha dictado 588 resoluciones y mantiene en estudio la declaración como víctimas de seis fallecidos, que se sumarían a los 233 reconocidos.
Las víctimas de Letur tienen contacto con las asociaciones de Valencia y son conscientes de que sus movimientos tienen menor impacto, porque son menos y porque no sienten el apoyo social. «Psicológicamente no nos han tratado bien. A nadie le ha convenido volcarse con las víctimas y pedir medidas para que esto no vuelva a pasar. Es un pueblo pequeño, donde la mitad trabaja para el Ayuntamiento y la otra mitad en una empresa que es propiedad de la teniente de alcalde. Nadie quiere declarar, pero todos saben que el pueblo estaba en peligro porque algo similar ya pasó en 1948. Tenían que haberse asegurado de que no se repitiera», explica Larisa.
La acusación la ejercen a través de SOS Desaparecidos -también se personó Vox- y solicitó la comparecencia de cargos del Ayuntamiento de Letur – en concreto, el alcalde y la teniente de alcalde-, el jefe de Climatología de la AEMET en Castilla-La Mancha, el delegado de la Junta en Albacete; el presidente de la Diputación, el jefe del servicio de Protección Civil, y dos peritos judiciales. El pasado mes de enero, muchos desfilaron por el juzgado de Hellín, pero no el presidente Emiliano García-Page, como también se solicitaba.
La Aemet ha presentado los informes sobre las previsiones y el volumen de agua finalmente registrado requeridos por la jueza, que también preguntó al Ministerio de Interior y la Junta de Comunidades por qué no se adoptó «la situación operativa 3 de emergencia» en Letur, que hubiera obligado al Gobierno de España a tomar el mando. Se señala también a la Confederación Hidrográfica del Segura por no disponer de medidores del caudal que hubieran permitido avisar a la población, aunque sí los tienen otros organismos como la Universidad de Castilla-La Mancha. «Nadie avisó a la población, nadie acudió con antelación para garantizar la movilidad de las personas -en un municipio de más de 900 habitantes- a zonas seguras», recuerda la querella.
«El alcalde -el socialista Sergio Martín-, ni siquiera estaba en el pueblo, llegó a mediodía», añade Larisa. El proceso judicial va tan lento que las víctimas sienten «impotencia». «Queremos seguir la estela de las asociaciones de Valencia, pero somos tan pocos que es frustrante», relata. «Esto no va de colores políticos, va de gente que está durmiendo muy tranquila. No quiero que vayan a la cárcel, pero sí que reconozcan que no lo hicieron bien, que nos pidan perdón. Y si dimiten… ojalá», añade esta joven, que sólo ha recibido las ayudas del Gobierno de España, de la Fundación Amancio Ortega y de una asociación del municipio «que vendió camisetas».
Larisa, junto a su madre Antonia, que perdió la vida en Letur.
«Los funerales los pagó el Ayuntamiento porque lo obligamos. La madre de Juan Alejandro, que es la única que sigue viviendo en el pueblo, se plantó con la factura en el ayuntamiento. No reconocían ni siquiera la muerte de su hijo y de Manuel como un accidente laboral. La teniente de alcalde la denunció y la toman por la loca del pueblo», cuenta emocionada. Larisa no vive en Letur, pero se crio allí los veranos. «Vivíamos en Murcia y mi madre se volvió a su pueblo cuando se separó de mi padre. Allí están mis tíos y parte de la familia, pero yo ahora voy muy poco. Psicológicamente no siento que nos reciban bien», insiste.
A ella le duele haberse quedado sin la posibilidad de tomar la palabra en el funeral de Estado de hace un año. «Por Letur habló una chica que nadie conocía y que no tenía relación con el pueblo. Desde el Ayuntamiento llamaron al padre de Juan, que tampoco vive allí, y él eligió a su sobrina. Nos enteramos el mismo día del funeral», cuenta. El discurso de Virginia Ortiz se volvió viral: «Quien omite su deber, sabiendo que su omisión puede causar la pérdida de vidas humanas, comete el acto primigenio que deriva en esas muertes». Entonces se miró más a Carlos Mazón que a quienes querían que se mirara a las víctimas, casi olvidadas, de Letur.
El pueblo se reconstruye después del derribo, por motivos geológicos, de 13 viviendas y de calles que aún son intransitables, como la de la casa de Larisa. Al llamado Plan Letur, con un millón de euros para obras de emergencia, le quedan dos años. A las heridas, más.
