Publicado: octubre 16, 2026, 6:07 am
El Gobierno se anota el mayor agujero de la historia de la Seguridad Social tras sus dos reformas desde 2021. El Ministerio de Inclusión ha cerrado las cuentas del sistema en 2025 y certifica que presenta ya un agujero patrimonial de 116.100 millones de euros, según el documento revisado por este diario que ha sido elaborado antes de su envío este mes al Tribunal de Cuentas.
Esta colosal cifra es el nuevo patrimonio neto negativo de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en el último ejercicio cerrado, de acuerdo con las cifras oficiales del Ministerio. Se trata del mayor saldo negativo de la historia en la Tesorería General, porque el sistema sigue necesitando préstamos del Estado para cubrir pensiones y otros gastos. Este desajuste se produce tras las dos citadas reformas del sistema de pensiones y es un dato a valorar en pleno debate sobre seguir revalorizando todas las pensiones con el IPC.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del PP, Alberto Núñez Feijóo, se muestran dispuestos en sus declaraciones en precampaña electoral a apoyar una nueva revalorización con la inflación en cumplimiento de la ley. Ninguno plantea por ahora medidas adicionales para embridar las cuentas.
Funcas estima que si, como todo apunta, las pensiones suben un 3,6% el próximo año, la ya elevada factura se encarecerá en otros 8.400 millones sin que el incremento de cotizaciones pueda cubrir todo el aumento de gastos. Para el experto de Fedea y Santa Lucía, Miguel Ángel García, la factura puede subir en realidad en 17.000 millones porque a la revalorización hay que sumar otros dos conceptos: «un 1,8% más de pensiones y el llamado efecto sustitución que aumenta otro 2%».
El Tribunal de Cuentas iniciará su fiscalización en las próximas semanas de este nuevo récord desfavorable que muestra que la Seguridad Social necesita seguir endeudándose con el Estado, como viene sucediendo desde la pasada década.
Presentar patrimonio neto negativo implicaría en una empresa privada entrar en quiebra técnica, pero los sucesivos gobiernos defienden que no se puede analizar contablemente como en una sociedad mercantil, porque el Estado siempre garantizará el pago de pensiones y, si es necesario, no pedirá la devolución de la deuda.
Las cifras del Ministerio suponen un nuevo incremento del agujero de cerca de 10.000 millones, un 8% con respecto a los 107.375 millones de 2024. Esta última cifra ha sido reformulada al alza en más de mil millones en comparación con la cerrada inicialmente hace dos años, porque, según el informe, ha habido correcciones y ajustes adicionales que realizar. «Este nuevo incremento del patrimonio neto negativo muestra que el sistema sigue siendo deficitario y que necesita, además de transferencias del Estado, nuevos préstamos dentro del estrecho margen que permiten los presupuestos prorrogados», señala a este diario el mencionado Miguel Ángel García. En su opinión, el incremento de este agujero patrimonial es un nuevo reflejo de que el déficit estructural del sistema también bate nuevos récords en cifras absolutas. Según su estimación, el desequilibrio crónico es ya superior a los 60.000 millones, el 3,7% del PIB, pese al incremento de las cotizaciones forzado por el Gobierno en sus reformas para intentar cuadrar cuentas.
El Ministerio de Inclusión recalca que el déficit contable se está acortando al quedar en 7.352 millones en 2025, un 0,4% del PIB. Pero el experto de Fedea y muchos otros analistas recalcan que esa cifra no recoge las cuantiosas aportaciones del Estado para cuadrar las cuentas. Una cosa es el déficit contable y otra el contributivo, como muestra que el préstamo que agudiza el fondo patrimonio negativo es superior al desfase que contabilizó el Ministerio.
«Los ingresos suben, es cierto, pero más aún los gastos«, recalca Miguel Ángel García. Su estimación es que el déficit contributivo ha pasado de 32.015 millones en 2018 a 56.946 millones en 2025, que son en realidad 61.881 millones al dejar fuera el llamado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) introducido por el anterior ministro de Inclusión, José Luis Escrivá. El desfase supone diez veces el presupuesto de vivienda del Estado y prácticamente todo el presupuesto destinado a educación, recalca García. «Hay que explicar a la gente que cuanto más se gaste en sostener el sistema de pensiones menos recursos hay para otras políticas», cifra.
El Tribunal de Cuentas ya alertó el pasado abril, un año más, del desequilibrio patrimonial creciente del sistema y la urgencia de corregirlo. «La solución adoptada para la cobertura de estos gastos ordinarios ha consistido en otorgar préstamos y transferencias corrientes por el Estado a la TGSS». En su opinión, «ninguno de estos préstamos ha sido devuelto, a pesar de haber transcurrido 32 años desde que se concediera el primero de ellos, ya que los que carecen de plazo de vencimiento continúan sin ser reintegrados y los que sí lo tienen han sido sistemáticamente prorrogados».
En paralelo, gobiernos del PP y del PSOE han utilizado parte del dinero para la llamada hucha de las pensiones, el Fondo de Reserva, creado para dar la imagen de que hay colchón, pero que no tapa el déficit real del sistema.
Decir que se refuerza la hucha se ha convertido en un artificio que no refleja la realidad de la situación, porque el Estado tiene al mismo tiempo que aumentar sus transferencias y préstamos, mientras alimenta la hucha en cantidades inferiores.
«Como en años anteriores, ha de insistirse en el hecho de que la financiación por medio de préstamos del Estado no resuelve los problemas estructurales de sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, no contribuye al saneamiento de su balance y de su cuenta de resultados y no tiene reflejo en su neto patrimonial, acumulando la Seguridad Social un endeudamiento frente al Estado, a 31 de diciembre de 2024, de 126.170,2 millones de euros (un 7,91 % del Producto Interior Bruto (PIB) de 2024)», afirmó el Tribunal de Cuentas en aquel documento. El que tendrá que presentar el próximo año es aún peor.
