Publicado: octubre 15, 2026, 6:08 am
Fue uno de los anuncios estrella del presidente del Gobierno en enero de este año. Sánchez informó que movilizaría «unas 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado» para facilitárselas a jóvenes agricultores, mujeres y nuevos profesionales. El jefe del Ejecutivo matizó que serían analizadas antes «para valorar su aptitud para la actividad agraria» y añadió que, para movilizar estas parcelas, se pondría en marcha «una Plataforma de Información y Movilización de Tierras Agrarias» bautizada como ‘Tierra Joven’. El Ejecutivo aseguraba estaría disponible en los primeros meses de este año, mediante un real decreto. La situación de varias de estas propiedades y la convocatoria electoral lo dificultan.
A la espera del Real Decreto
Fuentes del Ministerio de Agricultura apuntan que se sigue trabajando tanto en la futura plataforma como en la redacción del real decreto que debe regular el citado portal, y aseguran, que la intención del departamento encabezado por Luis Planas es llevar a término esta medida, aunque no hablan de plazos concretos. También añaden que se ha mandado un mensaje a las comunidades autónomas para que se unan. Algunas de ellas como Galicia o Asturias ya cuentan con sus propios bancos de tierras y podrían incluir sus activos en la futura plataforma.
Fuentes del Ministerio de Agricultura apuntan que se sigue trabajando tanto en la plataforma como en la redacción del real decreto que lo regulará, y aseguran, que la intención es llevar a término estas medidas
El estado de las fincas, un gran obstáculo
El CEO y fundador de Cocampo, Regino Coca, reduce este parque a 15.510 fincas rústicas según las investigaciones que viene haciendo este portal y habla de «una falta de saneamiento en su situación catastral y registral» en muchas de estas propiedades. Es decir, que no habría correlación entre las informaciones contenidas en el Registro de la Propiedad y Catastro. Una labor que, en su opinión, está recayendo en manos de Patrimonio del Estado, dependiente de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda.
La mencionada «falta de saneamiento» puede, entre otras consecuencias, dificultar el conocimiento de los límites de la parcela o su ubicación exactas, sostiene el fundador del portal en el que se anuncian más de 70.000 fincas rústicas y que cuenta con 2 millones de usuarios mensuales. «Ambas cosas deben estar coordinadas», asevera Coca citando la reforma de la normativa hipotecaria y del catastro inmobiliario de 2015.
Coca asegura que estas propiedades se siguen vendiendo a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) y advierte que «de los 39 millones de parcelas que hay en España, apenas 1,5 millones lo cumplen». Esto es el 2,79%, principalmente en el ámbito urbano.
Una cartera de propiedades ¿apropiada ?
¿Y las propiedades que se están valorando pueden servir para la actividad agrícola o ganadera? «La cartera de propiedades no es idónea para la agricultura y la ganadería», lamenta este experto. Coca sí cree que puede ayudar a profesionales ya activos a ampliar sus tierras de labor. También duda de que se pueda sacar, en apenas unos meses, un portal inmobiliario en condiciones y no duda en que la propuesta planteada en enero tendrá «un impacto bajo». Fuentes del sector coinciden en la poca idoneidad de las propiedades que se quieren facilitar.
En un informe reciente elaborado por este portal, a partir de datos del Portal de Transparencia, se destacaba que el Estado lleva más de 10 años vendiendo fincas rústicas a través del BOE y, como ejemplo, apunta que entre 2012 y 2024 se han enajenado por el Estado al menos 14.822 fincas rústicas por algo más de 40 millones de euros. El análisis realizaba una radiografía de estos activos y destacaba que mostraban una superficie media de 0,43 hectáreas y que un 73,8% de referencias tenían menos de una hectárea.
«La cartera de propiedades no es idónea para la agricultura y la ganadería», lamenta Regino Coca (fundador y CEO de Cocampo)
El informe también hace referencia a activos vinculados a Patrimonio del Estado, departamento adscrito al Ministerio de Hacienda, y describe un perfil muy similar: un promedio de 0,416 hectáreas, un 76,4% inferior a una hectárea, 176 registros con al menos 10 hectáreas y 40 con, al menos, 30 hectáreas.
El documento de Cocampo advertía también que, para determinar la «aptitud real» de estas propiedades para al agricultura, había que analizar otros factores como el agua, el suelo, los accesos o la situación jurídica para determinarlas. Con los datos en la mano, concluía, «la cartera puede contribuir al relevo generacional» aunque «difícilmente» sería una solución estructural a la problemática de acceso a la tierra.
Una promesa difícil de cumplir
Entonces, ¿es posible llevar a la práctica la promesa de Sánchez? «No se va a cumplir en los términos en que fue formulada: no sería efectiva», opina el fundador de Cocampo quien añade que «la cartera no está en todo el territorio nacional» y el actual contexto electoral no ayuda a tender puentes con los bancos de tierra de las comunidades autónomas.
Un informe reciente de Cocampo apunta que las 14.822 fincas rústicas enajenadas por el Estado entre 2012 y 2024 cuentan con una superficie media de 0,43 hectáreas y que, un 73,8% de referencias, tenían menos de una hectárea
«Sin novedades»
Desde organizaciones agrarias como la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) coinciden en la ausencia de novedades sobre el futuro portal y la disponibilidad de las citadas 17.000 fincas rústicas. Fuentes consultadas admiten que, la cercanía de las urnas, hace más complicado que la medida se apruebe este mandato. COAG ya ha solicitado información al Ministerio de Agricultura, apuntan desde esta organización agraria.
