Illa salva los 4,3 millones que avaló a los líderes independentistas

La Generalitat de Cataluña que preside Salvador Illa salva los 4,3 millones que avaló a los dirigentes independentistas en el Tribunal de Cuentas tras lograr forzar su amnistía. Los malversadores en cuestión no tendrán que devolver el dinero y la Generalitat se ahorra la surrealista situación de respaldar a los que habían desviado fondos públicos catalanes. El resultado es que los contribuyentes se quedan, en todo caso, sin recuperar el dinero malversado.

Según la sentencia de este organismo fiscalizador, notificadas las partes, y a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la Generalitat mantenía avalados con más de 400.000 euros cada uno a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y hasta 23 dirigentes o cargos bajo gobiernos soberanistas que malversaron presuntamente esa cifra tanto en la promoción exterior de la secesión como en la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El controvertido aval fue concedido por el Instituto Català de Finances (el ICO catalán) y generó polémica porque suponía que la Generalitat avalaba a los que habían malversado sus fondos públicos para actividades ilícitas. Con ese movimiento, evitó que el Tribunal de Cuentas embargara de forma preventiva los bienes de los líderes del procés al consignar el aval público en su nombre.

Fue concedido en la etapa de Pere Aragonès en la Generalitat cuando dirigía un Govern de coalición de Esquerra y Junts, pero fue apoyado ya entonces por Salvador Illa. El socialista catalán lo retomó y lo mantuvo hasta ahora en que el Tribunal de Cuentas ha decidido devolverlo tras sentenciar finalmente este miércoles que aplica la ley de amnistía.

En el desglose de avales el más respaldado es el que tenía que devolver presuntamente más dinero si no hubiera sido amnistiado. Se trata del que era secretario general de Diplocat -la red de embajadas-, Albert Royo. Éste era ejecutor de gastos de promoción del procés en el exterior, según la Fiscalía del Tribunal de Cuentas y la Sociedad Civil Catalana que ha ejercido de acusación popular.

El aval a Royo ha sido de más de 846.000 euros. Le sigue el que fuera conseller de Presidencia, Francesc Homs, con 655.000 euros. Su jefe, el ex president Artur Mas, fue avalado con 590.000 euros y el conseller de Hacienda de la época, Andreu Mas Colell, con otro tanto. En cuanto a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, fueron avalados por más de 416.000 euros y Raül Romeva, por más de 450.000.

Finalmente no tendrán que devolver el dinero, no se ejecutará el aval, porque la responsable de enjuiciar el caso, la consejera del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP, Elena Hernáez, se ha visto obligada a amnistiarlos tras resistirse durante dos años. Ha sido empujada de forma decisiva por la propia Generalitat. En la sentencia indica que la Intervención de la Generalitat de Cataluña ha certificado «la no utilización de fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea para realizar los gastos por los que los demandantes reclaman responsabilidades contables». Y, que además «ha servido de fundamento para que el Ministerio Fiscal, la propia Generalitat y los codemandados se hayan ratificado en la aplicación de la Ley Orgánica de Amnistía en sus últimos escritos de alegaciones presentados». Illa cerró así la puerta a que esta malversación haya afectado a fondos europeos, que era la única vía que permitía al Tribunal de Cuentas no aplicar la amnistía y exigir la devolución del dinero.

Hernáez precisa en su sentencia que ella no podía intentar la vía que ensayó el juez del Supremo, Pablo Llarena. Éste consideraba posible excluir del perdón y el olvido la malversación de fondos públicos, aunque no fueran europeos, si había «enriquecimiento personal». Sin embargo, la ley cerró específicamente esa puerta al Tribunal de Cuentas.