Publicado: octubre 10, 2026, 4:07 am
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado imputar al PSOE «en este momento», puesto que faltan por practicar diligencias dentro del caso Cloacas, que investiga una supuesta organización para desactivarlas causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno.
En su auto, el magistrado se basa en la doctrina del Tribunal Supremo en relación con la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los requisitos que se exigen para su imputación. Explica que, de los actuado hasta el momento, no acredita lo que se viene denominando un «principio de prueba» para atribuir aquella condición de investigado. «Aunque los hechos pudieran presentar en abstracto apariencia delictiva por parte del PSOE, no se incorpora aún un elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad», señala el juez.
Pedraz, siguiendo el criterio de Anticorrupción, considera que un pronunciamiento al atribuir la condición de persona jurídica investigada al partido sería prematuro. Indica que para alcanzar ese «principio de prueba» es aún necesario practicar diversas diligencias.
Algunas de ellas ya están acordadas y pendientes de recibirse, como el análisis de la documentación incautada en la sede del PSOE y en el domicilio de su ex secretario de Organización Santos Cerdán. Otras aún no se han acordado, pero que son inevitables, como la declaración del propio Cerdán.
También se tendrán que concretar antes los pagos efectuados a la fontaneraLeire Díez y a otros investigados. Y conocer la finalidad de su actuación y si fueron ordenados y abonados por Cerdán desde cuentas del partido, «permitiendo establecer una conexión objetiva entre la actuación de aquél y la estructura patrimonial de la organización».
Asimismo, el magistrado indica que habrá que determinar «quién ordenó materialmente esos pagos; quién estaba autorizado para disponer de las cuentas; cómo fue contabilizado; qué concepto se hizo constar en la transferencia o contabilidad; si existían facturas, contratos u otros documentos destinados a proporcionar una cobertura aparente al pago; quién autorizó o validó internamente el gasto; si intervino el departamento financiero o contable; si existían límites o doble firma para determinadas disposiciones; si los órganos de administración conocieron los pagos; si existieron alertas internas y, en su caso, cómo fueron tratadas; si el sistema de control permitió pagos de esta naturaleza sin comprobación alguna….»
Una vez completadas estas diligencias, aclara el juez, será el momento de decidir sobre la imputación solicitada el lunes por el PP, que coordina a las acusaciones populares y que atribuye al PSOE los delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y financiación ilegal.
Tras la solicitud del PP, la Fiscalía Anticorrupción presentó un extenso escrito en el que, si bien consideraba precipitada la imputación, sostenía que había elementos para hacerlo más adelante.
Los indicios recabados en la investigación, resumían las fiscales del caso, indican que, a través de Santos Cerdán, «el PSOE habría puesto a disposición de la organización criminal que aquí se investiga su infraestructura logística y financiera, posibilitándose diferentes reuniones orgánicas entre los dirigentes del grupo en la sede del partido en la calle Ferraz, sufragándose la movilidad y alojamiento de sus diferentes miembros».
«Y lo que es más relevante», añadía, «financiándose la actividad presuntamente delictiva de los dirigentes y partícipes, a través de sociedades interpuestas con la colaboración de sendos abogados, a la postre contratados para la defensa de Koldo García y, en última instancia, Santos Cerdán». Según Anticorrupción, «son múltiples y de la más variada naturaleza los indicios» recogidos por la UCO «para sostener dichas afirmaciones».
Pese a ello, y en la línea de lo resuelto por Pedraz, la Fiscalía resalta que la responsabilidad penal de una persona jurídica no puede afirmarse «mediante la simple acreditación del delito cometido por la persona física integrada en la organización», en este caso Cerdán y la gerente del partido, Ana María Fuentes Pacheco. «Será preciso analizar si su comisión fue posible o se vio facilitada por la inexistencia o ineficacia de mecanismos concretos de vigilancia y control».
Lo anterior exige practicar diligencias como los interrogatorios a Cerdán y Fuentes, pero también a la fontanera Leire Díaz y otros investigados que aún no han declarado ante el juez.
