Publicado: octubre 6, 2026, 6:08 pm
La disolución de las Cortes tras el adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez el lunes deja en el aire decisiones económicas de calado que afectan a más de 18 millones de españoles. La revalorización de las pensiones, la subida salarial pactada con los funcionarios o el incremento del ingreso mínimo vital dependen de que el Gobierno apruebe un decreto que les de soporte. Esto mismo sucede también con el salario mínimo, pero fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo deslizan que la intención del Gobierno es seguir con el proceso para incrementarlo.
La medida que afecta a más personas es la revalorización de las pensiones, de la que están pendientes tanto los 10,8 millones de personas -entre pensionistas contributivos, no contributivos y Clases Pasivas- como los 2,7 millones que perciben el ingreso mínimo vital (IMV), cuya cuantía está vinculada a las no contributivas.
La subida de las pensiones está vinculada al incremento de los precios del consumo por ley desde el año 2021. Sin embargo, para que el incremento sea efectivo, es necesario elaborar un real decreto que tradicionalmente se aprueba en el último Consejo de Ministros del año. Precisamente, la última vez que se revalorizaron las pensiones el Gobierno introdujo la medida junto a otras como la limitación a los desahucios en un mismo decreto ómnibus y el Congreso la tumbó, lo que obligó al Ejecutivo a sacarla por separado en febrero, cuando sí salió adelante.
La cuestión aquí es que para poder revalorizar las pensiones conforme al IPC es necesario conocer el dato definitivo de inflación de noviembre, que no se publica hasta el 15 de diciembre. Para esa fecha, el Gobierno actual habrá pasado a estar en funciones, por lo que tendrá la capacidad de actuación restringida «al despacho ordinario de los asuntos públicos». Algo que no veta expresamente movimientos como este, pero que arroja dudas. De hecho, a finales de 2019 el propio Pedro Sánchez, también en funciones por aquel entonces, decidió retrasar el incremento de las pensiones y el sueldo de los funcionarios hasta que formó Gobierno a principios de 2020.
En cualquier caso, todo apunta a que aunque la subida llegue con retraso, se acabará produciendo, incluso si cambia el color político en el Gobierno. En los últimos años, el Partido Popular ha votado a favor de la revalorización de las pensiones cuando ha tocado convalidarla en el Congreso. Dentro del Parlamento, solo Vox ha rechazado esta medida.
Algo parecido a lo de las pensiones sucede con el salario de los tres millones de empleados públicos del país. El Gobierno pactó el año pasado una senda de subidas acumulada del 11,4% hasta 2028. El incremento acordado para el año que viene es del 4,5%, pero es necesario darle respaldo por decreto. En este caso, el Ejecutivo podría intentar aprobar ese decreto antes de las elecciones porque no necesita esperar al IPC. No obstante, el PP también respaldó la convalidación del decreto ley de subida salarial de los años 2025 y 2026 a la que solo se opuso Vox.
El salario mínimo sigue adelante
En el caso de la subida del salario mínimo, que afecta a unos 2,5 millones de trabajadores, fuentes del Gobierno han manifestado su intención de seguir adelante con el proceso con los plazos ya previstos. Yolanda Díaz tiene previsto reunir este mes al comité de expertos designados por el ministerio para plantear una propuesta de incremento, que será negociada posteriormente con los sindicatos.
Lo que no está claro es si los trámites llegarán a tiempo para que la subida esté lista antes de que se celebren las elecciones el 29 de noviembre. En los últimos años, el Ejecutivo ha acabado aprobando la revalorización del SMI ya en enero o febrero del año siguiente. No obstante, hay precedentes de subida del salario mínimo con un Gobierno en funciones: así lo hizo el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy en diciembre de 2015.
El registro horario y la ampliación de los permisos, también en el aire
La disolución de las Cortes para adelantar las elecciones provoca la caída automática de las iniciativas que se están tramitando en el Congreso. En el ámbito laboral, solo el Estatuto del Becario y la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales seguían bloqueados en el Congreso a la espera de ser debatidos, algo que ya nunca sucederá. Tampoco se estudiará la proposición de ley de Podemos para despenalizar la jubilación anticipada a los trabajadores con 40 años o más cotizados.
Además, la convocatoria de elecciones pone en entredicho las principales iniciativas que tenía sobre la mesa el Ministerio de Trabajo. Fuentes oficiales del ministerio señalan que todo lo que no sea una ley se puede mantener, pero agregan que habrá que estudiar la viabilidad. En este sentido, la norma que estaba más cerca de ver la luz era el endurecimiento del control horario, que fue motivo de amargo enfrentamiento entre Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz, aunque parecía que se había alcanzado un consenso entre ambos.
También queda en el aire la ampliación de los permisos retribuidos por fallecimiento hasta los 10 días, así como la creación de un nuevo permiso por cuidados paliativos y eutanasia. Una medida que Trabajo pactó con los sindicatos, pero que no ha llegado a plasmarse en un texto legal. El adelanto electoral descarta la reforma del sistema de despido que tenía en mente Yolanda Díaz, dado que exigiría una ley. Y también se antoja complicada la reforma de la regulación de compensación y absorción de los complementos salariales para evitar que las subidas del salario mínimo no empujen también a los salarios que están justo por encima.
