Publicado: octubre 6, 2026, 4:07 pm
El inicio de la precampaña electoral no ha frenado completamente las causas que atenazan al PSOE. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado este martes solicitar al partido «la relación completa» de letrados o despachos profesionales de abogacía y/o consultoría que haya contratado cualquiera de sus órganos, tanto centrales como territoriales, entre 2021 a 2025. En la misma resolución el instructor cita a declarar como investigado al ex viceministro venezolano Nervis Villalobos.
Ambas diligencias habían sido solicitadas por Anticorrupción el pasado día 1, antes de la convocatoria electoral. Se acuerdan dentro de del caso Cloacas o caso Fontanera, en el que se investigan posibles maniobras para desactivar investigaciones perjudiciales para el PSOE y el presidente del Gobierno (caso Koldo, caso Hermanísimo, caso Begoña…). Con ellas, el juez y la Fiscalía buscan aclarar la financiación de las operaciones bajo sospecha.
Pedraz explica que, después de la declaración como investigada de la gerente del PSOE, Ana María Fuente, es necesario recabar del servicio jurídico del PSOE determinada información sobre la contratación de abogados, con el límite de que «no perjudique el derecho al secreto profesional» y, en todo caso, «con el derecho a no aportar información que entienda que le pueda incriminar».
Algunos pagos a abogados externos -hay dos imputados- podrían haberse empleado para canalizar fondos a la fontanera Leire Díaz y sus operaciones, según los investigadores. Para comprobar que se pagaban realmente servicios jurídicos o de asesoría, Pedraz reclama una copia de la documentación que permita «comprobar los servicios a prestar (nota de encargo o contrato) para conceder la autorización para dicha contratación y la aportada, en su caso, para dar por justificados los servicios prestados».
En otra de las diligencias acordadas, el instructor cita a declarar el 28 de octubre como investigado al ex viceministro de Venezuela Nervis Villalobos, al que atribuye un presunto delito de falsedad documental. Deberá presentarse con la documentación original que presentó en el expediente de concesión de nacionalidad por aplicación de las Ley de Memoria Histórica, incluyendo el certificado de nacimiento y pasaporte de su abuela de nacionalidad española.
Los investigadores sospechan de irregularidades en la concesión de una nacionalidad sobre la que la fontanera mantuvo conversaciones con uno de los abogados imputados, Ismael Oliver, que a su vez tenía de cliente a Villalobos.
Además, y con el mismo objeto de aclarar el expediente de concesión de nacionalidad, el juez llama como testigos el mismo día a José Antonio Ruiz de la Hermosa, subdirector general de nacionalidad y estado civil desde marzo de 2025 y a María del Mar López Álvarez, subdirectora adjunta de nacionalidad y estado civil hasta esa fecha.
El el mismo auto, el juez aborda una tercera rama de la investigación sobre las maniobras para desactivar causas judiciales. De nuevo a petición de las dos fiscales del caso, solicita a la Guardia Civil datos más concretos sobre las investigaciones reservadas que se abrieron a la UCO, la unidad responsable de esas causas. La sospecha es que con ellas se pretendía presionar a la unidad especializada, responsabilizándola de diversas filtraciones.
