Publicado: octubre 6, 2026, 4:08 am
El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre deja en el limbo algunas normativas del ámbito financiero que estaban pendientes de aprobación. Si hace unas semanas el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa arrancaba el curso escolar con el foco en dar un impulso al atasco regulatorio, la disolución de las Cortes ha dinamitado estos planes. Entre las iniciativas que figuran en el aire se encuentra la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuyo texto se encuentra en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados para su tramitación.
El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, avanzó el pasado mes de julio su intención de retomar el proyecto, que lleva años encima de la mesa. La convocatoria de elecciones anticipadas en julio de 2023 y el bloqueo parlamentario con el que ha lidiado el Gobierno desde entonces habían impedido su luz verde. La creación de este organismo, que empezó a gestarse en los tiempos en los que Nadia Calviño encabezaba el ministerio, tiene por objetivo dirimir sobre las reclamaciones de los clientes insatisfechas sin necesidad de acudir a los tribunales.
En concreto, su diseño contempla la capacidad para resolver conflictos, quejas y reclamaciones en un plazo máximo de tres meses sin coste alguno siempre que la cuantía sea inferior a 20.000 euros. La idea pasa por centralizar a través de una ventanilla única todas las reclamaciones a bancos, aseguradoras y empresas de inversión, funciones de las que se encargan en el momento actual la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) y el Banco de España (BdE).
Este nuevo supervisor tendría potestad para resolver posibles incumplimientos de normas de conducta, buenas prácticas y usos financieros, así como la abusividad en las cláusulas de los contratos financieros. El sector financiero se ha mostrado contrario a su puesta en marcha, dado que sería la encargada de financiarlo mediante una tasa que se calcularía en función de la cantidad total de pronunciamientos recibidos en contra. Por tanto, aquelas con más resoluciones insatisfechas serían las que más dinero tendrían que abonar.
La Ley de Contratos de Crédito al Consumo, en un estado más avanzado que la anterior, es otro de los flecos pendientes sobre los que no sé sabe qué ocurrirá. El Ejecutivo inauguró el primer Consejo de Ministros de 2026 con la luz verde al real decreto que pone coto a los intereses a los que se puede conceder este tipo de financiación. La reforma promovida desde la Comisión Europea está pensada para proteger a los consumidores y evitar el sobreendeudamiento ante lo que establece un plazo mínimo de 24 horas desde que se realiza la oferta hasta que se acepta y obligará a crear un registro de Establecimientos Financieros de Crédito (EFC) en aras de evitar el intrusismo.
La agenda legislativa también contempla la Ley de Modernización y Digitalización del Sector Financiero, así como la de Entidades de Banca Ética, promovida desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Completa la lista de las más relevantes la Ley Antiblanqueo, cuyo anteproyecto recoge entre sus medidas el impulso de Anifi, la Autoridad Nacional de Integridad Financiera (Anifi), integrando competencias del Sepblac y de la Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Se construiría sobre la base estructural del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancria (FROB), que cambiaría sus funciones para dejar de ser una autoridad de resolución bancaria.
Desde el Ejecutivo querían que dichas funciones fueran traspasadas a organismos que ya ejercen de resolución como el Banco de España (BdE) en el caso de las entidades de crédito y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para las firmas de servicios de inversión. Tras esto, la participación del 18% que el Estado posee en CaixaBank pasaría a estar controlada por el Ministerio de Economía. Dicho anteproyecto se encontraba en fase de consulta pública.
