Publicado: septiembre 30, 2026, 8:08 am
El seguro español perfila el segmento del ahorro como uno de los que mayores oportunidades proyecta de cara a los próximos años. La necesidad de complementar al sistema público, el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida después de la jubilación son los factores detrás de ese potencial. Actualmente, el 21,1% de la población española tiene 65 o más años y el INE proyecta que el porcentaje alcanzará el 30,9% en 2076 si se mantienen las tendencias demográficas actuales. Pese a todos los factores anteriores, en el sector impera el sentimiento de que son necesarios incentivos fiscales, especialmente, en lo relativo a los planes de pensiones.
Las principales aseguradoras españolas se muestran críticas con el Fondo de Pensiones de Empleo de Promoción Pública (FPEPP) impulsado por el Gobernador del Banco de España (BdE), José Luis Escrivá, cuando era ministro de Seguridad Social, en 2023. Tres años después del inicio de su despliegue, esta iniciativa aún no ha echado a andar y se cuestiona que algún día lleguen a estar operativa tal cual se diseñó. El principal hándicap estaría en que la configuración del fondo debe aprobarse por convenio entre sindicatos y empresas.
Desde VidaCaixa, una de las cinco adjudicatarias junto a BBVA, Caser, Ibercaja y Santander, ven complicado que salgan adelante si no se aplican ventajas fiscales para las empresas o se establecen elementos como la adscripción automática (autoenrollment, como se conoce en la jerga) que hace aportaciones al sistema por defecto con independencia de que el trabajador decida salirse posteriormente. La solución pasaría por un modelo similar al existente en Reino Unido, en el que las empresas realizan aportaciones complementarias a la Seguridad Social.
Este llamamiento por parte del seguro para fomentar el ahorro previsional, que está en «pañales» y no se puede dejar en «manos de los bancos», según Antonio Huertas, presidente de Mapfre, se produce tras años de estancamiento de los planes de pensiones individuales. En 2020, el Gobierno rebajó de 8.000 a 2.000 euros el límite deducible en el IRPF por aportaciones, que al año siguiente se redujo a 1.500 euros, en una decisión que el sector asegurador calificó de «hachazo fiscal».
Como resultado, el modelo individual afronta en 2026 la posibilidad de cerrar con saldo negativo por sexto ejercicio consecutivo. Los datos del primer semestre de este año muestran que los planes individuales registraron salidas netas de unos 923 millones de euros: las prestaciones alcanzaron los 1.611 millones, frente a 688 millones de aportaciones. En sentido contrario, los planes de empleo registraron un saldo positivo de unos 114 millones, con 817 millones de aportaciones y 703 millones de prestaciones, de acuerdo con los datos de Inverco, la patronal de los fondos de inversión.
El pasado mes de junio los planes individuales acumulaban 101.849 millones de euros y una rentabilidad interanual del 12,2%. Pero, pese a esa buena evolución, las aportaciones del mes fueron 112 millones, frente a 235 millones de prestaciones, lo que da idea de cómo su patrimonio crece por la rentabilidad de las inversiones, aunque el flujo del dinero de los ahorradores siga siendo negativo.
El debate, además, no se limita a la fiscalidad. Un estudio publicado este año por el Banco de España concluye que, en promedio, los fondos de pensiones individuales no obtienen rentabilidades ajustadas por riesgo positivas una vez descontadas las comisiones, aunque el documento sí encuentra diferencias de desempeño entre gestores.
El plan de la construcción
Dentro de la categoría de los planes de empleo figura el de la construcción, el primer plan de pensiones sectorial obligatorio en España y que ha alcanzado un millón de partícipes en tan solo dos años procedentes de casi 100.000 empresas. De momento, es el único que funciona a gran escala dentro de esta categoría. El planteamiento del Ejecutivo con los planes de pensiones pasaba porque la sangría de los individuales fuera canalizada por los de empleo, algo que no ha ocurrido. Inverco defiende la necesidad de elevar el límite que actualmente se aplica en los individuales.
La radiografía pone de manifiesto que el impulso del ahorro para la jubilación sigue siendo un reto estructural. En este sentido, desde el seguro sostienen que la receta para revertir la situación estaría en potenciar ambas modalidades. Con cálculos de Unespa, la implantación de un sistema de adscripción obligatorio permitiría a España cumplir el objetivo de llegar a 2030 con la mitad de la población trabajadora inscrita en un plan de pensiones privado.
