Publicado: septiembre 29, 2026, 6:08 am
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha activado la maquinaria para intervenir en el futuro plan europeo de vivienda asequible. Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el regulador que preside Juan José Ganuza elevó este lunes al Ejecutivo comunitario una batería de medidas orientadas a facilitar la oferta de vivienda y destrabar el mercado.
En plena crisis habitacional, cuando la vivienda ocupa el centro de la agenda política, la CNMC ha recogido el guante que Bruselas lanzó el pasado julio al sector en forma de una consulta pública para recabar propuestas con las que simplificar el entramado normativo que condiciona la construcción de vivienda. Una vía que el regulador español ha aprovechado para llevar a terreno europeo las conclusiones del análisis urbanístico que puso en marcha el pasado otoño.
La ‘receta’ de la CNMC pasa, en esencia, por adelgazar la normativa urbanística y simplificar tanto los instrumentos urbanísticos como su tramitación. Entre otras recomendaciones, el organismo propone flexibilizar los usos y la clasificación del suelo, limitar la nulidad total de los planes y agilizar sus modificaciones, además de habilitar instrumentos de urgencia para acelerar la construcción de vivienda, especialmente protegida. A juicio de Competencia, este conjunto de medidas podría reducir sustancialmente los retrasos, costes e incertidumbre regulatoria que afectan al desarrollo de vivienda en España y resulta potencialmente aplicable también a otros países europeos.
La Comisión que dirige Ursula von der Leyen dio de plazo hasta el 30 de septiembre para recoger propuestas que contribuyan a definir el paquete legislativo de simplificación previsto para 2027, dentro del futuro plan europeo de vivienda asequible. Y a la llamada, además de la CNMC, también han acudido un centenar de administraciones y actores del sector de la construcción, la vivienda y las finanzas de todo el bloque comunitario. Entre ellas, también figuran gobiernos autonómicos como la Junta de Andalucía e instituciones como el Área Metropolitana de Barcelona.
Desde el Ejecutivo andaluz se reclama, entre otras medidas, evitar la duplicidad de evaluaciones y controles, agilizar las autorizaciones para proyectos residenciales, simplificar los procedimientos de contratación y ayudas públicas y avanzar en la digitalización de los trámites. También propone un sistema europeo de reconocimiento mutuo de certificaciones y productos de construcción, así como un marco común para medir los costes regulatorios que soporta la vivienda en los distintos Estados miembros.
El AMB, por su parte, reclama que el futuro marco europeo no se limite a simplificar trámites, sino que genere las condiciones necesarias para ampliar y preservar a largo plazo el parque de vivienda social y asequible. Entre sus propuestas, priorizan la de reforzar el papel de los Gobiernos metropolitanos en la política de vivienda y facilitar su acceso a fondos europeos, utilizar el planeamiento urbanístico para garantizar suelo destinado de forma permanente a vivienda protegida, y favorecer la transformación y densificación del parque existente.
Esta entidad local también plantea a Bruselas incentivos fiscales para la promoción y construcción de vivienda social y asequible, fórmulas de colaboración público-privada y cooperativas de vivienda, así como agilizar los procedimientos urbanísticos y de concesión de licencias para este tipo de proyectos. El organismo defiende además delimitar los usos residenciales frente a los turísticos y temporales y orientar las futuras políticas y fondos europeos a aumentar específicamente el parque de vivienda social y asequible.
