Publicado: septiembre 25, 2026, 10:08 pm
A la espera de lo que apruebe el Gobierno el próximo martes, el debate sobre la letra pequeña de las ayudas a la compra de gasóleo es intenso. Las principales organizaciones agrarias (Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones), y de la pesca (Cepesca y la Cofradías) coinciden en que, como mínimo, lo deseable sería que se prorrogasen hasta el 31 de diciembre. Además, proponen, una nueva fórmula: una bonificación o descuento, superior a los 20 céntimos el litro actuales, aplicable directamente desde el surtidor. Lo que va a contracorriente de las intenciones de Bruselas de reducir las subvenciones a los combustibles fósiles.
La propuesta no solo la han planteado las organizaciones profesionales sino un socio clave del Gobierno: el Partido Nacionalistas Vasco (PNV), que por boca de su diputado Joseba Agirretxea, planteó en el Congreso de los Diputados al ministro de Agricultura Luis Planas que prorrogara las ayudas pero ‘copiando’ el modelo francés de 35 céntimos por litro. Un apoyo que se aplica directamente sobre el precio que paga el profesional del campo y la pesca. «El problema del precio del gasóleo no desaparecerá en una semana», advirtió Agirretxea a Planas.
Fuentes consultadas por este medio resaltan la importancia de la agricultura la pesca para los ‘jeltzales’, que se hicieron eco del amarre de flotas como la de Ondarroa por la escalada de los combustibles y, apuntan, hacia gestiones con el Gobierno para que este descuento directo pudiera introducirse dentro del nuevo real decreto de ayudas.
La Comisión Europea estima que las subvenciones a los combustibles fósiles en la Unión Europea alcanzaron los 340.000 millones en 2024 y reprocha que solo 8 países, España no estaría entre ellos, se han comprometido a eliminarlos
Subvenciones que no gustan en Bruselas
Las reivindicaciones de agricultores y pescadores llegan 5 días después de que la Comisión Europea propusiera la reforma del Reglamento de Gobernanza de la Unión de la Energía, para avanzar en la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles. Un anuncio que realizó tras la publicación de un informe, en el que estimaba que este tipo de ayudas públicas alcanzaron los 340.000 millones de euros durante 2024 en la Unión Europea. Apenas un 5% menos que el año anterior, aunque lejos de los 457.000 millones de 2022 en pleno estallido de la guerra en Ucrania.
Sin embargo, según el estudio de la Comisión, más de la mitad de estas subvenciones carecían de un calendario preciso de retirada y solo 8 países expresaron su intención de acabar con este tipo de ayudas: Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo y Portugal. España no habría asumido este compromiso. A lo que se suman iniciativas de este pasado verano como el nuevo Plan de Acción de Electrificación que también tiene a este tipo de subvenciones en su punto de mira.
El diseño de la medida, clave
El profesor de EAE Business School, Miguel Ángel López, habla de «una cierta contradicción» con los vientos que llegan de la capital comunitaria y resalta que «la propia Comisión Europea considera las ventajas fiscales al gasóleo agrícola en España como una subvención a los combustibles fósiles susceptible de reforma».
«La propia Comisión Europea considera las ventajas fiscales al gasóleo agrícola en España como una subvención a los combustibles fósiles susceptibles de reforma», apunta Miguel Ángel López (EAE Business School)
Sin embargo, este experto matiza que, en el contexto actual, «Bruselas esta permitiendo precisamente medidas temporales y focalizadas para sectores especialmente afectados, como la agricultura y la pesca». De ahí, en su opinión, la clave estará en el diseño de la medida: «Una bonificación temporal para compensar un shock excepcional de precios puede ser compatible», señala López quien añade que una «subvención permanente» iría contra el objetivo de reducir el consumo de combustibles fósiles.
Las limitadas opciones del Gobierno
El presidente de la comisión financiera del Consejo General de Economistas (CGE), Antonio Pedraza, cree que la propuesta de agricultores y pescadores de una bonificación (o descuento) directa por litro de gasóleo desde el surtidor es una de la escasas opciones, con que cuenta el Gobierno por las limitaciones impuestas desde Bruselas. Una medida que estaría a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con los que se compensaría a las petroleras.
Al margen de la más obvia, prorrogar las ayudas actuales de 20 céntimos el litro de gasóleo hasta el 31 de diciembre, en su opinión, lo más efectivo serían las rebajas fiscales especialmente en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y el Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH). «Es complicado que el IVA se pueda bajar más, porque no lo permitirá la UE y, en cuanto al IEH, hay poco margen», apunta Pedraza.
Es complicado que el IVA se pueda bajar más, porque no lo permitirá la UE y, en cuanto al Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH), hay poco margen», apunta Antonio Pedraza (Consejo General de Economistas).
López (EAE Business School) sí cree que hay margen y, sostiene, que «en 2026 ya se han utilizado temporalmente tanto el IVA como el Impuesto Especial de Hidrocarburos para reducir el impacto del fuerte encarecimiento de los carburantes».
Moderar la inflación, ¿con más deuda pública?
¿Entonces? Para este economista una bonificación de esta naturaleza, aplicada directamente a agricultores y pescadores, contribuiría a contener la inflación al moderar las subidas de los carburantes, y a incentivar de la demanda interna, que junto al turismo y los servicios son los motores del crecimiento económico.
Sin embargo, Pedraza recuerda que «España padece un diferencial en el IPC (Índice de Precios al Consumo) cada vez mayor respecto al promedio de Europa, que estaría en los 2 puntos de desviación». Este experto menciona las previsiones publicadas ayer por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en la que se advertía contra una inflación que estaría en el 3,7%. Esto es por encima de vecinos como Italia (3%), Alemania (2,9%) y Francia (2,5%).
El experto advierte que, una bonificación como la descrita, también tendría sus contraindicaciones: supondría un incremento del gasto público. «El Gobierno no ha prestado la suficiente atención a la deuda», critica el representante del Consejo General de Economistas quien abunda en que el mayor crecimiento español – que Pedraza prevé que se sitúe entre 2,4 y 2,6% este año en línea con la OCDE frente al 1% de la media europea- «favorece a España en la relación entre deuda pública y PIB».
«El Gobierno no ha prestado la suficiente atención a la deuda», comenta Pedraza mientras que López (EAE Business School) cree que todo dependerá de cómo financie la medida el Ejecutivo: con ingresos públicos disponibles o déficit
López (EAE Business School) opina que una ayuda de este tipo no conducen necesariamente a una mayor deuda. «Una bonificación directa al gasóleo supone, en primer término,un mayor gasto público o una menor recaudación fiscal». La clave, a su juicio, es cómo la financiaría el Gobierno: si lo hace «con ingresos públicos ya disponibles o compensándolo con una reducción de otros gasto no tendría por qué aumentar la deuda». El problema vendría si la medida generara un déficit extra.
