Publicado: septiembre 23, 2026, 6:08 am
Ha pasado cerca de un año desde que se consumase el fracaso de la opa de BBVA por Banco Sabadell y el goteo de reclamaciones siguen llegando a los buzones de Transparencia. Las últimas en ser estimadas por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) vuelven a poner el foco sobre el Ministerio de Economía y lo hacen apenas unas semanas después de que el mismo organismo ordenara a la cartera que dirige Carlos Cuerpo a desvelar el informe de la Abogacía del Estado con el que justificó su intervención en la operación.
Mientras Economía debe dirimir si entregar esta documentación, Transparencia le ha puesto más deberes. En concreto, según las actas consultadas por este periódico, el CTBG ha estimado parcialmente en agosto la reclamación de un particular al instar al ministerio a revelar tanto el expediente completo de la consulta públicasobre los criterios de interés general afectados por la operación como la documentación de la intervención del Consejo de Ministros que autorizó la concentración el pasado 24 de junio de 2025 con condiciones como congelar la fusión al menos tres años y prohibir los despidos.
El origen de la reclamación se remonta a esa misma fecha, cuando un ciudadano pidió a Economía acceso íntegro a ambos expedientes y se topó con una doble negativa del ministerio. Por un lado, inadmitió el acceso a la consulta pública alegando que se trataba de información «auxiliar o de apoyo» y, en segunda instancia, denegó el acceso al expediente de la operación amparándose en la Ley de Defensa de la Competencia.
A la negativa de Economía, según consta en la documentación, se sumó la de Banco Sabadell, quien presentó un escrito detallado oponiéndose frontalmente a la entrega de estos papeles, argumentando que estimar la reclamación supondría publicar de forma indiscriminada cientos de documentos enviados en la confianza de que se mantendrían confidenciales, e invocando jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre presunciones de confidencialidad en procedimientos de control de concentraciones. BBVA, en cambio, no formuló oposición alguna al acceso.
En su resolución, el organismo que preside María de la Concepción Campos Acuña desmonta ambas líneas de defensa del ministerio, aunque con matices. Respecto a la consulta pública, recuerda que ya resolvió un caso prácticamente idéntico en marzo y reitera que las aportaciones recibidas en ese trámite ya sirvieron para valorar si elevar o no la operación al Consejo de Ministros y, por ende, son relevantes para conocer la motivación real de la decisión. Ordena su entrega, eso sí, respetando la privacidad de las personas que participaron.
Sobre el expediente de la operación, Transparencia distingue entre las dos primeras fases del procedimiento -tramitadas por la CNMC, con información de alta sensibilidad comercial como valoraciones empresariales o proyecciones financieras- y la tercera fase, la de la intervención del Consejo de Ministros, que considera de naturaleza distinta. El órgano concluye que Economía aplicó la confidencialidad de forma genérica y sin justificación individualizada documento por documento, algo que la doctrina del Tribunal Supremo exige expresamente. Tampoco admite como suficiente la mera publicación en la web ministerial del Acuerdo del Consejo de Ministros, al entender que publicidad activa y derecho de acceso no son equivalentes. En cualquier caso, Economía puede recurrir ambas peticiones ante la Audiencia Nacional en un plazo de dos meses.
