Publicado: septiembre 17, 2026, 4:10 am
Las inundaciones constituyen uno de los mayores riesgos que afronta nuestro paÃs y su mayor recurrencia y dramáticas consecuencias afectan a 2.730.000 españoles que residen en zonas inundables de mayor riesgo, con especial exposición de la población de las cuencas mediterráneas.
Al dolor humano provocado por las inundaciones se suma un daño económico que representa, según el Consorcio de Compensación de Seguros, el 73,4% de todas las indemnizaciones por daños en bienes derivadas de riesgos extraordinarios ocurridos en nuestro paÃs desde 1971. Solo la DANA de 2024 ha supuesto más de 5.164 millones de euros en indemnizaciones pagadas o provisionadas con más de 207.000 expedientes, representando el mayor siniestro de la serie histórica del Consorcio.
El informe publicado por Seopan a finales de 2025 cuantifica en más de 19.000 millones de euros las inversiones a realizar en la próxima década en adaptación al cambio climático y reducción de los efectos de las inundaciones en España. Destacan las medidas estructurales del riesgo de inundación con 3.500 millones en infraestructuras para controlar, contener o desviar el agua, tales como diques, encauzamientos, presas de laminación o canales de alivio. Se identifican, asimismo, 9.500 millones en infraestructuras de drenaje urbano sostenible y medidas de gestión del riesgo por inundación pluvial en áreas urbanas para promover la retención, infiltración y evacuación progresiva del agua de lluvia mediante tanques de tormenta, pavimentos permeables, zanjas de infiltración o jardines de lluvia. Completan la lista las inversiones de adecuación de presas existentes y mejora de la seguridad con más de 4.600 millones en actuaciones para garantizar una regulación controlada de los caudales, mejorar la capacidad de laminación de avenidas y reducir el riesgo aguas abajo.
Esta inversión de 19.000 millones en una década representa anualmente la inversión pública hidráulica total actual de nuestras AAPP. Y, si tenemos en cuenta que nuestro análisis identifica adicionalmente otros 85.000 millones de inversión para atender nuestra demanda de agua y objetivos ambientales, obtenemos en conclusión un enorme déficit de financiación pública. Solo los recursos disponibles por el Estado representan la sexta parte de los preexistentes a la crisis financiera de 2008.
La inexistencia de un marco financiero que garantice la ejecución de estas inversiones no garantizará nuestra protección y bienestar, y es por ello prioritario alcanzar un Acuerdo Nacional del Agua que resuelva y priorice nuestro ingente déficit de recursos públicos.
La ingenierÃa civil española, ingenieros y empresas, tienen una acreditada experiencia y conocimiento técnico hidráulico, como asà lo atestigua la creación de la primera Confederación Hidrográfica en 1926. Y los planes de gestión del riesgo de inundación constituyen una parte importante de los Planes Hidrológicos que realizamos y remitimos cada 6 años a la CE, pero, la ya referida ausencia de un marco financiero que los soporte, permite realizar, apenas, una tercera parte de la inversión planificada.
