Publicado: julio 23, 2026, 4:07 pm

La sentencia de la Audiencia de Badajoz -que condenaba por prevaricación al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón y a los otros diez procesados- especificaba en su fallo por unanimidad que la pretensión de la devolución de los salarios sólo podría ser propuesta por la entidad pagadora, es decir, por la propia Diputación de Badajoz, o bien por el Ministerio Fiscal si hubiera formulado acusación, que no ha sido el caso.
De ahí que, teniendo en cuenta esta referencia explícita que recoge dicho pronunciamiento, han comenzado a ‘mover ficha’ las acusaciones particulares. EL MUNDO adelantaba este jueves que una de ellas, ‘Iustitia Europa’ había presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas para intentar resarcir a las arcas públicas «el daño patrimonial» efectuado tanto por el músico madrileño como por su amigo personal, Luis Carrero, también condenado por su contratación irregular en el organismo provincial. A esta petición se ha sumado el Partido Popular, también personado en la causa, y en concreto su grupo en la Diputación de Badajoz.
Así las cosas, este partido se ha dirigido igualmente a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas y ha formulado una denuncia por «posible responsabilidad contable» derivada de los hechos probados que se recogen en la sentencia del caso, tanto «por la creación artificiosa de un puesto (el de coordinador de las actividades musicales de los conservatorios) financiado con fondos públicos» como por la modificación de dicha plaza a ‘Jefe de la Oficina de Artes Escénicas’, en relación a David Sánchez, como el de la Jefatura de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, adjudicada a Luis María Carrero, ex asesor de Comunicación de Moncloa.
El Grupo Popular en la Diputación de Badajoz desglosa las cantidades abonadas por la Diputación desde el año 2017 que entró a trabajar el músico (en concreto desde el 10 de julio, fecha en la que firmó el contrato con Miguel Ángel Gallardo, entonces presidente del organismo provincial) hasta 2024. Así, establece la cantidad de 320,614,48 euros a lo que le suma otros 96.184,34 euros en concepto de Seguridad Social para una cantidad total de 416.798,82€. En el caso de Carrero, la suma total durante dos ejercicios es de 113.200,76€ en una estimación en ambos casos «provisional, orientativa y no vinculante». Por los dos conceptos, y con respecto a ambos cargos, el PP establece que la Diputación abono 529.999,59€.
En la denuncia, el PP aclara que la responsabilidad contable «no se circunscribe al perceptor de las retribuciones sino que alcanza a quienes, en el ejercicio de funciones de gestión, manejo y administración de fondos públicos, intervinieron en la creación, provisión, informe, aprobación, modificación o mantenimiento de las plazas». Al igual que ‘Iustitia Europa’, cita al propio David Sánchez y Luis Carrero, pero también a Miguel Ángel Gallardo y al resto de altos cargos de la Diputación y funcionarios que fueron condenados por el caso.
De esta manera, el Grupo Popular en el organismo pacense insta al Tribunal de Cuentas, competente en el caso, a que inicie la «incoación de actuaciones previas» respecto a los hechos denunciados y requiera toda la documentación al respecto a la Diputación pacense, además de practicar la liquidación provisional del alcance junto a que la investigación se extienda a los perceptores y a los gestores identificados así como a «cualquiera otros intervinientes que resulten de la instrucción, depurando responsabilidades contables directas y subsidiarias y se ejerciten las acciones de responsabilidad contable frente a quienes resulten responsables, con reintegro de cantidades e intereses».
‘Iustitia Europa’, en su escrito ante el Tribunal de Cuentas, sumaba el hecho probado por la sentencia de que David Sánchez «apenas acudió a su puesto de trabajo, que sus contactos con los directores de los conservatorios fueron esporádicos y que terminaron siendo prácticamente inexistentes y que no cumplió con las obligaciones laborales asumidas en el contrato».
