Publicado: julio 4, 2026, 6:07 am
Los planes oficiales de prevención del fraude fiscal suelen incluir el compromiso de la Agencia Tributaria de «potenciar la utilización de Internet y otros medios de comunicación como fuente de información, teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece de obtención de información actualizada sobre los deudores».
La detención de un extraño empresario, Julio Martínez Martínez, por presunto delito de blanqueo de capitales que, además, resulta ser un importante pagador del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido ampliamente difundida desde el pasado diciembre y parece con ingredientes suficientes como para despertar el interés de, al menos, la cúpula de la Agencia Tributaria. Pero, según su propio escrito a la Audiencia Nacional, no se movilizó ni una semana, ni un mes, ni un trimestre después.
Ya es chocante que Hacienda no haya abierto su primera «actuación de comprobación e investigación inspectora» sobre Zapatero hasta el pasado 9 de junio, un mes después de su detención. Pero más aún chirría la extraña y amplísima tardanza con su pagador. La Agencia Tributaria no empezó a comprobar las declaraciones fiscales de este empresario alicantino y de su entramado de empresas hasta el pasado 19 de junio, seis meses después de su detención. La primera actuación sobre, por ejemplo, la inefable empresa Idella Consulenza de Martínez ni siquiera se produjo el pasado mayo, cuando el auto judicial de José Luis Calama ya alertaba de que podría tener una filial en Dubái para cobrar comisiones ilegales de Plus Ultra. También advertía de que contaba ya con otra en las Islas Vírgenes, pero Idella no empezó a ser inspeccionada hasta un mes después de este auto.
¿Qué ha pasado? «No es normal este retraso. La Agencia Tributaria siempre ha presumido de gestionar lo que publican los medios de comunicación de manera ágil. Que no lo haya hecho ahora es un evidente sesgo. Se ve que no se podía comprobar a Julio Martínez sin hacerlo a la vez con Zapatero, y al final se han retrasado los dos», razona un veterano y relevante inspector de Hacienda. Otro, también experimentado, quita hierro al asunto en el sentido de que la Agencia Tributaria ha actuado tras haberse imputado a Zapatero un delito fiscal, lo cual no ve tan chocante.
Otra singularidad es que la Agencia parece haber terminado actuando gracias a la iniciativa de sus delegaciones territoriales en Madrid (Zapatero) y en la Comunidad Valenciana (Julio Martínez). Un detalle avala esta hipótesis: si la orden de investigar hubiera venido de arriba, el Ministerio de Hacienda habría respondido rápidamente a la propuesta del juez de personarse en el caso, puesto que ya se había abierto una inspección días antes. La duda mostrada en la última semana apunta a que la cúpula no sabía que inspectores de abajo se habían movilizado ya. El propio ministro de Hacienda, Arcadi España, fue ambiguo en el Senado el pasado día 30, cuando sus inspectores ya habían iniciado actuaciones tres semanas antes.
Lo que afortunadamente se ha evitado es que un retraso excesivo permitiera que prescribiera el ejercicio fiscal de 2021. La rápida actuación del juez instructor tras el hallazgo de las joyas en el despacho de Zapatero evita que prescriba un posible delito fiscal por ocultar una fortuna de 1,32 millones de euros. Su auto del 13 de junio sobre las joyas evita que Zapatero se zafe del posible delito con un intento regularizador.
La prescripción administrativa está salvada también, porque la apertura de la inspección el pasado 9 de junio a Zapatero -antes de la pieza separada de Calama- impide al expresidente intentar también regularizar.
Además, al pedir las delegaciones territoriales mencionadas al juez que les permita suspender la inspección hasta que se esclarezca si hay delito penal, evita el riesgo de agotar los plazos administrativos antes del fin del proceso judicial.
Todo esto, por cierto, mientras el exlíder del PSOE sigue sin dar explicaciones tras superar el plazo anunciado por él mismo.
Otra colosal anomalía del caso es que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Hacienda respaldan en público a Zapatero, mientras que dos organismos que dependen de ellos, la Abogacía del Estado y la Agencia Tributaria, han aceptado la oferta del juez de personarse como perjudicados en este escándalo.
¿Se puede apoyar a un posible defraudador y, al tiempo, personarse contra él para proteger al Estado? ¿Se pueden ignorar durante meses los indicios de fraude sin abrir una inspección? Solo el hecho de que los contribuyentes puedan hacerse preguntas tan inquietantes muestra el deterioro institucional de la cuarta economía del euro.
