Publicado: mayo 21, 2026, 2:07 pm
La noticia más dura, aunque esperada, ha llegado este jueves a la sede del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) cuando se conocía la decisión del Tribunal Supremo de desestimar el recurso presentado por la organización, en abril de 2023, contra la revisión del plan hidrológico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo y, concretamente, sus caudales ecológicos.
Una decisión del Alto Tribunal que, si bien no implica el cierre definitivo de la infraestructura hidráulica, clave para la economía del sureste del país, supone un claro aval para que el Gobierno central actué sobre las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, fijadas en el Real Decreto 35/2023 y comience a hacer efectivo el recorte prometido.
Por todo ello, el presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dé marcha atrás en la planificación, a expensas de estudiar nuevas acciones judiciales y en tanto en cuanto las medidas compensatorias aprobadas para 2027, valoradas en 3.050 millones de euros, han sido incumplidas en su gran mayoría.
«No hay necesidad de recortar el Trasvase e igual que hubo una promesa electoral que dio como resultado un recorte -con la discrecionalidad que tiene el Gobierno para actuar en la implementación de los caudales ecológicos- pedimos que en el actual ciclo de planificación actúe en sentido contrario», ha señalado Jiménez convencido de que el Tribunal dictaminará de nuevo que el procedimiento es legal.
Además, sobre la sentencia, el presidente del sindicato ha criticado que durante el procedimiento no hayan admitido ninguno de los informes periciales aportados desde su organización: «Es muy sangrante porque tenemos contratados a los mejores técnicos del país, con reconocimiento europeo, que habían detectado irregularidades y fallos a la hora de calcular los caudales ecológicos, pero como no ha habido aceptación de periciales todo ha quedado en agua de borrajas», ha señalado.
Aun así y sobre si esta decisión implica, necesariamente, el cierre del Trasvase, Jiménez ha declarado que esto solamente supone «una batalla perdida». «No me gusta manejarme en estos términos bélicos, pero a esta guerra le quedan todavía muchas batallas y estamos en una más», ha añadido.
En esta línea, también ha afirmado que la política en las regiones del Levante y la sociedad «tendrán que alzarse» porque «el envite económico, social y medioambiental al que nos lleva el recorte es incalculable. Las consecuencias son incalculables».
Al respecto de si el agua desalada procedente del Mar Mediterráneo, como argumentan las asociaciones ribereñas de Castilla-Mancha, podría ser una opción factible, Jiménez afirma que los regantes quieren «agua de buena calidad y al mismo precio que pagan los compañeros del resto del país».
«Lo que no puede ser es que un metro cúbico de agua en este país ronde los cuatro o cinco céntimos y el precio real del agua desalada esté en torno al 1,37 euros. Esto, en un país democrático y que vela por la igualdad entre sus ciudadanos, es inaceptable y por eso no aceptamos esa solución», ha agregado.
«Cuestión política»
Desde el Gobierno regional apuntan a que si bien esta sentencia avala al Ejecutivo central para recortar el Trasvase, este asunto es una «cuestión política» y, por tanto, piden al delegado del Gobierno en la Región y secretario general del PSOE, Francisco Lucas, que le pida a Pedro Sánchez que no lleve a cabo el recorte.
«Hoja de ruta equivocada»
Por su parte, el líder de los socialistas, en declaraciones a los medios de comunicación, ha mostrado su preocupación porque «la hoja de ruta del Gobierno de Fernando López Miras y del Partido Popular, tras 30 años gobernando la Región, es equivocada».
«Emplazo al Ejecutivo regional a recuperar el diálogo y el consenso con el Gobierno de España y, en eso estoy yo, en trabajar para garantizar para siempre el agua en la Región de Murcia», ha agregado.
En este sentido, Lucas ha querido transmitir tranquilidad a los regantes y agricultores, al tiempo que ha afirmado que el delegado «está a su lado».
«Pone en riesgo la solidaridad»
El portavoz de Vox en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha manifestado, a través de su cuenta de X, que «la instrumentalización por parte del PP y del PSOE de recursos básicos como el agua pone en riesgo algo tan fundamental como la solidaridad entre españoles.
«El agua es de todos, no de las Comunidades Autónomas», ha sentenciado.
Por último, ha prometido que si Vox llega al Gobierno de España «se conectarán todas las cuencas».
