Publicado: mayo 20, 2026, 12:07 pm
Sumar y los socios del PSOE empiezan a recoger cable. Están rectificando a toda velocidad después de que ayer alentaran la tesis de que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por varios delitos vinculados al tráfico de influencias fuera consecuencia de una guerra sucia judicial o lawfare. Tras leer el detallado auto del juez, la parte minoritaria del Gobierno, Gabriel Rufián y otros partidos han visto comprometido su cerrado apoyo al ex presidente y están rompiendo su complicidad para exigir ahora explicaciones y asumir que hay caso.
En Sumar, su portavoz en el Congreso, Verónica Barbero, fue ayer una de las principales figuras de este espacio que azuzaron la idea de lawfare contra Zapatero expresando sus «dudas» sobre la limpieza de la investigación judicial. Algo que también hizo, por ejemplo, el diputado de Comunes Gerardo Pisarello, que dijo que «si hay una persona que para determinados sectores del Poder Judicial es un enemigo a batir es el presidente Zapatero».
Hoy, en cambio, el portavoz adjunto de Sumar y representante parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha cambiado completamente el discurso de sus compañeros. «Si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito, claramente», ha dicho. Además, ha asegurado a raíz de este caso de que «es necesario regular bien todas las actividades de los ex presidentes del Gobierno».
Desde la dirección del grupo parlamentario de Sumar se ha buscado ese cambio de enfoque respecto al día anterior. «Que se investigue todo lo que se tenga que investigar y que se haga con diligencia e independencia. Que se examine todo lo que se tenga que examinar y que se explique todo lo que se tenga que explicar», señalan fuentes oficiales.
Eso sí, no se suelta del todo la mano a la tesis conspirativa: «Por desgracia, el uso de la justicia con claros fines politicos que en los ultimos años se ha hecho desde algunas organizaciones y por parte de sectores de la judicatura nos llaman a insistir en la prudencia y en la necesidad de que se investiguen los hechos con diligencia».
Aunque desde el primer momento fue con creces el más prudente en sus valoraciones, también es interesante la posición del diputado de Compromís dentro de Sumar, Alberto Ibáñez, porque tras leer los indicios ha concluido que «el auto no pinta bien» para Zapatero. En este sentido, se ha sumado a la reclamación de reformar el estatuto de los ex presidentes. «No es normal que te llames Zapatero, Felipe González o Aznar y trabajes en empresas que se dedican a asesorar a multinacionales para ver cómo ayuda a llegar a las administraciones públicas», ha dicho. El diputado valenciano, que mantiene la premisa de tener «prudencia» por el carácter inicial de la investigación, ha subrayado que faltan «muchas explicaciones» sobre este caso y ha considerado que Pedro Sánchez no las ha dado.
Su compañera Àgueda Micó, de Compromís, ha admitido que «no está tan claro que haya lawfare«.
Gabriel Rufián, uno de los más firmes apoyos del Ejecutivo de coalición, salió ayer con contundencia a defender a Zapatero y a denunciar que los jueces van por el PSOE. Lo hizo sin tener apenas información del caso y sin haber leído el auto.
Menos de 24 horas después, durante la sesión de control al Gobierno en la que preguntaba a Sánchez, el portavoz de ERC se ha declarado «muy jodido» tras leer las 88 páginas del auto del juez Calama. «Yo no soy objetivo; tengo un enorme respeto y afecto por Zapatero pero», ha puntualizado, «también tengo ojos en la cara», refiriéndose a los indicios que apunta el juez.
Lo que parecía un reproche hacia los socialistas, se ha convertido a continuación en una defensa que poco a poco se ha deslizado hacia el terreno del lawfare contra los jueces. «Esto no existiría», ha dicho Rufián, «si Zapatero no fuera un enorme activo político, si no hubiera una enorme cacería judicial contra la izquierda». «Y, además», ha recalcado, «Felipe, Aznar y Rajoy se lo merecen mucho más».
«Si esto es verdad», ha dicho el portavoz republicano blandiendo el auto, «es una mierda, pero si es mentira, es una mierda aún mayor». «La izquierda somos otra cosa», ha afirmado Rufián, para quien es imprescindible que el Gobierno dé explicaciones porque, ha recalcado, «esto a la gente progresista le rompe el corazón».
En Podemos, desde donde se viene defediendo a Zapatero, también hay un giro de discurso y tras tener más información que ayer, la secretaria general, Ione Belarra, ha concluido que «no pinta bien el auto» para el ex presidente.
«A mí me parece que al Gobierno se le está poniendo muy cuesta arriba, porque lo que es evidente, y quizás es lo más grave de todo, es que, de confirmarse toda esa información, esto no se puede hacer sin el Gobierno de España, esa decisión se toma desde el Consejo de Ministros», ha dicho Belarra.
Por eso, la líder de Podemos ha asegurado que el futuro de Zapatero, el del Gobierno de España y el de Sánchez está «atado».
Podemos ha descargado en el PSOE toda la decisión del rescate a Plus Ultra a pesar de que en aquel momento el pa rtido morado estaba en el Consejo de Ministros. «Había muchas de las grandes decisiones económicas que estaban básicamente en manos del PSOE, la negociación de conformación del Gobierno se fundamentó en que Podemos no pudiera aspirar a ministerios de Estado», ha dicho.
Por otro lado, aviso del PNV y Coalición Canaria. El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, han reconocido en una comparecencia conjunta la gravedad de la situación y han demandado «explicaciones con la máxima celeridad y transparencia», informa Josean Izarra.
