Publicado: mayo 20, 2026, 4:08 am
En España pocas cosas sacuden tanto el tablero político como la mera posibilidad de que una figura histórica vuelva al centro del huracán. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, más allá de su presunta y debida inocencia, opera como un terremoto simbólico que salpica a su imagen y a todo lo que representa su legado, también golpea por el incómodo efecto espejo que proyecta sobre el PSOE. En política, el pasado nunca se jubila y tarde o temprano siempre llama dos veces, como el cartero.
Lo fascinante del caso no es solo la gravedad de las acusaciones —organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo—, sino el desconcierto moral que provoca en una parte de la izquierda española. El protagonista, Rodríguez Zapatero, ha sido imputado en el llamado “caso Plus Ultra”, y la UDEF registraba ayer su despacho y hasta la empresa de sus hijas. Durante años se nos dijo que el expresidente era una especie de monje laico de la concordia universal, libre de toda codicia, pero según la investigación judicial su nirvana también facturaba sospechosas consultorías.
Ayer martes, saltó el escándalo ante una sociedad decepcionada que piensa que la realidad nacional, la política en concreto, precisa de una gran regeneración y una importante actuación jurídica. Por su parte, el Gobierno de Pedro Sánchez, que suele manejar las crisis con manual de resistencia, se ve obligado ahora a ensayar un complicado equilibrio entre la prudencia institucional y el instinto de supervivencia. Defender la presunción de inocencia mientras se intenta evitar el desgaste político es un ejercicio que roza lo acrobático.
Más allá de las personas, el caso expone un problema estructural: el uso político de los fondos de rescate y la porosidad entre poder, asesorías y contratos públicos. Rescatar a una aerolínea con vínculos opacos en plena pandemia pudo defenderse como decisión de Estado. Lo indefendible es que esa decisión se convierta en un atajo para premiar lealtades. La política necesita margen de error, pero no margen de impunidad.
También hay algo poéticamente español en que todo termine orbitando alrededor de Venezuela. Durante años, Zapatero ejerció de interlocutor privilegiado del chavismo con una fe casi ciega. Sus críticos advertían que tanta cercanía acabaría mal; sus defensores respondían que era diplomacia humanista. Al final, en España siempre confundimos el humanismo con la opacidad cuando el interlocutor tiene petróleo y controla una dictadura.
Quizá el verdadero escándalo no sea solo judicial, sino cultural. España ha construido una aristocracia política donde demasiados expresidentes, exministros y expolíticos acaban convertidos en consultores nebulosos de empresas igualmente nebulosas. Nadie sabe exactamente qué hacen, pero siempre cobran cifras admirables. Son como chamanes institucionales: venden influencia sin admitir que la venden. Y cuando la policía llama a la puerta, todos reaccionan con la misma expresión de inocencia ofendida, como si la UDEF hubiera interrumpido una sesión de meditación trascendental.
El caso Plus Ultra pone a prueba una idea que parecía zanjada en democracia: que ningún expresidente está por encima de la investigación judicial. Que la Audiencia Nacional haya imputado a José Luis Rodríguez Zapatero y registrado su despacho no es un veredicto, pero sí un síntoma de que el sistema, con todas sus lentitudes, aún se resiste a blindar a los que nos gobernaron. Si hay indicios, deben investigarse. Si no los hay, debe archivarse con la misma celeridad.
Lo que corroe la confianza pública es la zona gris donde todo se eterniza, nada se aclara y todos marean la perdiz sin afrontar la verdad.
