Publicado: mayo 20, 2026, 4:07 am
La Justicia investiga por primera vez en democracia a un ex presidente del Gobierno por corrupción. José Luis Rodríguez Zapatero es, para el juez de la Audiencia NacionalJosé Luis Calama, el presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» cuya finalidad es «la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra».
«En el vértice de la estructura se sitúa Rodríguez Zapatero», recalca el titular del Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, «quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel». Según el auto mediante el que el juez acuerda su imputación y le emplaza para declarar el próximo 2 de junio, destaca que desde «su oficina de Ferraz -centro de coordinación de la red- se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria». Sobre esta base, el juez autorizó ayer la entrada y registro en la oficina del histórico líder socialista, en la de sus hijas, propietarias de la empresa de marketing Whathefav, y en varias sociedades de la trama.
Las pesquisas judiciales gravitan en torno al rescate por parte del Gobierno de Pedro Sánchez de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros y el cobro de mordidas vinculado a esta millonaria operación.
Según Calama, las comisiones cobradas en esta transacción por el ex presidente del Gobierno ascenderían a 1.948.857 euros, divididos en 1.525.078 euros para Zapatero y 423.779 euros para sus hijas. Tal y como desveló en exclusiva EL MUNDO el pasado 19 de enero, los pagos del asesor externo de Plus Ultra y amigo personal de Zapatero, Julio Martínez, se articularon a través de la sociedad instrumental Análisis Relevante. Asimismo, este periódico reveló la existencia de un contrato mediante el que Martínez acordaba con la compañía aérea el cobro del uno por ciento del rescate. La investigación judicial acredita ahora que el pago de esa comisión se articuló a través de una sociedad en Dubai controlada por el ex presidente.
Según el auto, la Policía Judicial ha intervenido conversaciones entre los dueños de Plus Ultra abordando directamente la posibilidad de conseguir el ansiado rescate del Gobierno. Junto a Zapatero, en esta causa se encuentran investigados el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez (amigo y pagador de Zapatero). El tráfico de influencias se camuflaba bajo asesorías ficticias que nunca se produjeron.
El 30 de marzo de 2020, Rodolfo Reyes, ex propietario venezolano de la compañía aérea dijo que había que «pedir ayuda a Zapatero». «Tema lobby político Plus Ultra», añadió al ex viceministro de Economía de Venezuela Ramón Gordils, que le indicó: «Vayan recorriendo la ruta formal y yo busco cómo llegarle a ZP». Ante este escenario, el actual presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, escribió: «Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín».
«Por ahí vendrá la mordida»
En otra de las conversaciones intervenidas, el máximo ejecutivo de Plus Ultra, Roberto Roselli, explica a Reyes que está al habla con «el lacayo» de Zapatero, en referencia al empresario Julio Martínez Martínez, y que éste «le habló a Martínez Sola de la estructura mercantil que habían montado a través de la que cobrarían las mordidas». «Ya le dijo a Julio que montaron su finance boutique. Así que por ahí vendrá la mordida», añadió.
En junio de 2020 Reyes vuelve a abordar el pago de comisiones a cambio del rescate y le preguntó a Roselli si ya estaba cuantificada la «mordida». Roselli le respondió que «no» pero que si fructificaban las gestiones de Julio Martínez «vale la pena pagar». En esta estrategia abordan también la posibilidad de acceder al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y revelan que habían llegado a contactar con Koldo García y a concertar una reunión con el ex secretario de Estado Pedro Saura. Incluso figuran en el auto referencias a pagos a Jésica, la prostituta que mantuvo una relación sentimental con Ábalos, por parte de empresarios vinculados a Plus Ultra.
Por otro lado, en el auto se describe el liderazgo que tenía Zapatero sobre el resto de miembros de la trama delictiva. El auto explica que el ex presidente y Julio Martínez Martínez adoptan conductas dirigidas a evitar que se establezca una vinculación directa entre ellos.
Así, Julito elimina de manera sistemática algunos de los mensajes que le escribe el ex dirigente socialista. En una de las conversaciones con el empresario venezolano Domingo Amaro Chacón se incluye menciones expresas como «presidente, le reporto las novedades» o «presidente, nos mantenemos atentos a tus indicaciones en este asunto».
Según el magistrado instructor del caso Plus Ultra, esta trama corrupta utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos «para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado». Las comunicaciones intervenidas revelan que la red actuaba «tanto en España como en el extranjero, manteniendo contactos con autoridades y operadores económicos de Venezuela, China, Emiratos Árabes Unidos y otros países, con el objetivo de influir en decisiones administrativas o facilitar operaciones comerciales de gran escala».
Petróleo, oro y divisas
El auto que imputa a Zapatero indica, además, que en la actuación de la red investigada se han detectado «rasgos comunes». Uno de ellos, que el ex presidente del Gobierno tenía una «intervención directa» en las «operaciones internacionales de alto valor económico». Y cita ejemplos de esas operativas: «las relativas al petcoke [un derivado del petróleo], oro, compraventa de acciones o divisas».
En la resolución, el instructor recuerda que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de 53 millones de euros concedida por la SEPI mediante «mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos». Para ello, articularon dos líneas de influencia diferenciadas, una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y otra a través de Rodríguez Zapatero. Aunque ambas vías habrían operado de forma simultánea finalmente fue la vía de este último la que adquirió un «papel predominante» y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos.
El auto detalla que los hechos investigados demuestran que la influencia ejercida por el ex presidente no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia. La secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones incluyendo el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda, evidencia que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente.
El magistrado considera que el conjunto de indicios recabados pone de manifiesto la existencia de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias sustentada en los contactos de Rodríguez Zapatero.
La capacidad de acceso del ex presidente a altos cargos de la Administración fue clave. Esa red habría operado en beneficio de terceros, siendo estos en su condición de clientes quienes abonaban determinadas cantidades a cambio de los servicios prestados. En esta estructura, según el juez, Julio Martínez Martínez desempeñaría un papel relevante en distintos niveles y enclava en la misma, entre otros, a la secretaria del ex dirigente del PSOE.
