Publicado: mayo 14, 2026, 8:07 am
Tensa comparecencia de la consejera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, y del director general de la Policía, Josep LluísTrapero, en el Parlament por la infiltración de dos agentes de los Mossos en una asamblea docente. Una fuerte polémica que ha llevado a ambos a admitir el «error» en la actuación de las agentes, a «pedir disculpas» a los sindicatos y anunciar la apertura de una investigación interna y «reservada» sobre lo sucedido, además de cambios en la normativa. Anuncios que no han aminorado las críticas de la oposición y de los partidos que apoyaron la investidura de Salvador Illa, ya que ERC y los Comunes -además de Junts y la CUP- se han reafirmado y han vuelto a exigir le cese del responsable del cuerpo.
La responsable de Interior ha encargado al comisario jefe de Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius, y al director general de la Policía la «revisión formal del procedimiento» llevado a cabo por la Dirección General de Información en el marco de una asamblea de docente previa a la huelga del 12 de mayo. En concreto, se abrirá una información reservada para esclarecer los hechos;» un procedimiento que determinará si se dan los elementos necesarios «para abrir expediente», según aseguran en el Departamento de Interior de la Generalitat.
Tanto Parlon como Trapero han dicho desconocer el operativo que decidió la presencia de dos agentes en una asamblea de docentes y han tildado la infiltración de «error operativo grave» y de «maniobra mal planteada», «sin mala fe», pero errónea. «No es una decisión en el ámbito político, es operativa», ha repetido la titular de Interior desvinculándolo de la cúpula de Interior.
Eso sí, la dirigente, ex alcaldesa de Santa Coloma del PSC, ha pedido «disculpas sinceras» por el impacto que ha tenido en los colectivos afectados y se ha dirigido especialmente al sindicato denunciante y a las agentes implicadas.
«Hemos dado las instrucciones adecuadas para que no vuelva a suceder», ha añadido la socialista en respuesta a los distintos grupos parlamentarios. En este sentido, la consejera de Interior de la Generalitat también ha anunciado que se modificará el decreto de Estructura que autoriza estas prácticas para dejar bien definido que la obtención de información para minimizar riesgos en conflictos sociolaborales debe tener una serie de parámetros.
«Hemos venido a dar explicaciones, asumimos políticamente un error operativo, es lo que nos toca», ha zanjado en su turno final de intervención. Por su parte, el director de la Policía ha admitido también que «no era oportuna, ni nada justificaba» la presencia de las agentes en la asamblea docente, aunque ha señalado que «no hubo mala fe». Así, ha explicado que a partir de ahora se va trabajar en tres ámbitos: «averiguar la actuación concreta» de los agentes; establecer «filtros» para que algunas órdenes de «prácticas policiales las tomen mandos más elevados» y usar más «la medicación para la obtención de información que permita la evaluación de riesgos».
Tras la intervención de Parlon y Trapero, los grupos de Junts, los comunes, ERC y l CUP han pedido el «cese inmediato» del director general de la policía al considerar un error esta decisión operativa. «Son unos hechos e extrema gravedad que no pueden tener cabida en democracia», ha avisado la diputada republicana, Laia Cañigueral Eso sí, en el partido de Junqueras evitan poner esta condición en medio de la negociación presupuestaria para el Govern de Illa, perfilada ya de cara al día después de las elecciones andaluzas.
Por su lado, tanto el PP como Vox han criticado la «chapuza» del operativo y han pedido explicaciones también por el «aumento de la inseguridad» en Cataluña.
El caso de las dos agentes infiltradas parte de una denuncia del sindicato CGT. El pasado miércoles, durante una reunión en el instituto Pau Claris de Barcelona para preparar los paros de hoy, algunos miembros de los convocantes se percataron de la presencia de dos mujeres desconocidas para el resto. Entonces, se les preguntó a qué centro representaban y, al responder que trabajaban en la escuela Riera Alta de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), los representantes sindicales pidieron la confirmación a un docente de ese centro, que negó conocerlas, por lo que ambas fueron obligadas a abandonar la reunión. Más tarde, aseguraron haberlas identificado como agentes de los Mossos.
Al trascender esta infiltración, el Govern cerró filas con los Mossos y con Trapero, al justificar la actuación y alegar que la policía tiene la «obligación» de valorar «amenazas y riesgos» en conflictos sociales y laborales. La Dirección General de los Mossos d’Esquadra salió al paso y justificó -confirmando implícitamente- la infiltración de dos agentes de paisano: defendió que «no se trata de una decisión discrecional, sino que se basa en el cumplimiento de una «obligación normativa» para «valorar riesgos». En un comunicado, indicó que la Comisaría General de Información tiene atribuidas por ley, concretamente por el artículo 109 del Decreto de estructura de la Dirección General de la Policía, «funciones específicas de recogida y tratamiento de información de carácter operativo referida a la conflictividad laboral y social», reza la norma. «El objetivo explícito de estas funciones es poder realizar una valoración de amenazas y riesgos», zanjó.
