Publicado: mayo 13, 2026, 8:07 pm
El Tribunal Supremo ha solicitado al Parlamento Europeo un tercer suplicatorio para retirar la inmunidad al eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez y poder continuar la investigación abierta contra él por un presunto caso de acoso a dos excompañeros de su partido, Se Acabó la Fiesta.
Esta es una de las cinco causas judiciales que el eurodiputado tiene actualmente abiertas en el alto tribunal. En tres de ellas, los jueces instructores ya han pedido autorización a la Eurocámara para poder actuar contra él.
Hace unas semanas, el Parlamento Europeo aceptó una de esas solicitudes y decidió retirarle la inmunidad en el procedimiento en el que se le investiga por un presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert.
La nueva petición de suplicatorio está relacionada con una querella presentada por los eurodiputados Diego Adrián y Nora Junco, quienes abandonaron SALF tras denunciar una campaña de hostigamiento después de las elecciones europeas de 2024.
Tras tomar declaración tanto a Alvise como a los denunciantes, el magistrado instructor, Manuel Marchena, considera que ya existen motivos suficientes para solicitar al Parlamento Europeo la suspensión de la inmunidad parlamentaria del líder de SALF.
Según el auto judicial, la investigación se centra en unas declaraciones realizadas por Alvise en un pódcast, donde habría animado a sus seguidores a perseguir y señalar públicamente a sus antiguos compañeros por apoyar una votación en la Eurocámara relacionada con el rearme europeo.
En esas declaraciones, el eurodiputado acusó a ambos de «traicionar» a sus votantes y alentó a sus seguidores a increparlos públicamente, calificándolos de «corruptos» y «criminales».
Durante su comparecencia ante el juez el pasado enero, Luis Pérez Fernández negó haber promovido ningún acoso y defendió que sus palabras se produjeron dentro de un contexto de confrontación política y de discrepancias ideológicas con sus excompañeros.
Sin embargo, el juez sostiene que los hechos investigados van más allá de la libertad de expresión política. En el auto, señala que la difusión de mensajes en redes sociales y la publicación de datos personales de los denunciantes exceden los límites del debate parlamentario y no quedan protegidos por la inmunidad.
Además, el magistrado destaca que los dos eurodiputados denunciantes aseguran haber tenido que modificar sus hábitos y canales de comunicación debido al acoso recibido, especialmente a través de redes sociales.
Los querellantes también atribuyen a Alvise un presunto delito de revelación de secretos por la difusión de información personal, y denuncian haber sido objeto de amenazas, insultos y campañas de difamación constantes en internet.
