Publicado: mayo 13, 2026, 6:07 pm
El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha acordado este miércoles dar amparo a la juez que archivó una de las denuncias de Juana Rivas, la mujer granadina imputada por presunta sustracción de su hijo pequeño, el pasado verano en Granada -y ya antes condenada por hechos similares, y luego indultada por el Gobierno-.
El CGPJ protege a la magistrada Aurora María Angulo González de Lara, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, señalando que las manifestaciones del abogado de Rivas, Carlos Aranguez, quien apuntó a la juez en una nota pública titulada «Quédense con este nombre: Aurora Angulo», fueron «objetivamente perturbadoras de la independencia judicial, máxime dada la repercusión que el comunicado tuvo en los medios de comunicación y en las redes sociales».
Aranguez se quejaba de la inadmisión por parte de Angulo de una de las denuncias de Rivas, que solicitaba en ese momento que se «escuchara» a su hijo Daniel. A la vez, la corte civil de Cagliari ya había determinado que el niño debía volver a Italia por entender que la postura del menor respondía a nuevas inducciones por parte de Rivas, que le pedía que acusara de malos tratos a su padre, Francesco Arcuri.
El menor volvió finalmente a Italia. Aranguez hizo pública la nota mucho antes de que eso ocurriera, presuntamente como medida de presión a la magistrada. «Es un hecho gravísimo que una magistrada especializada en violencia de género no comprenda lo que es la violencia vicaria, que consiste en dañar o controlar a los hijos para hacer sufrir a la madre», decía el abogado, minusvalorando el criterio judicial.
El pleno del Consejo ha tomado la decisión de difundir su acuerdo «como medida de restauración de la independencia judicial perturbada, con expresa constancia de que la crítica a las resoluciones judiciales no ampara campañas nominativas de descrédito profesional o de presión extraprocesal sobre la jueza competente».
Del acuerdo del pleno del CGPJ se han excluido las referencias «a las declaraciones realizadas» sobre este asunto y también en cuanto a la ejecutoria de la juez «por las ministras de Igualdad y de Infancia, Ana Redondo y Sira Rego, respectivamente, por considerar que se formularon en un tono respetuoso con la función judicial y que entran dentro del ámbito de su actuación política», señala el servicio de Comunicación del Consejo.
