Publicado: mayo 11, 2026, 2:07 am
El Gobierno y el PSOE han resistido al primer juicio de un gran caso de corrupción de la era Sánchez. Durante un mes, los socialistas han vivido con cierto bochorno los hechos enjuiciados en el Tribunal Supremo cometidos presuntamente por quien fuera ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
Comisiones ilegales en lo peor de la pandemia, enchufes en empresas públicas y prostitución son algunos de los asuntos que han aflorado en la vista que durante un mes ha dirigido con templanza el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta. La sentencia llegará previsiblemente antes del verano. Según informan fuentes jurídicas a EL MUNDO, la intención del tribunal es comenzar a deliberar esta misma semana y que el fallo se conozca en un plazo razonable de tiempo.
Pero lejos de llegar a su fin el calvario judicial para los socialistas, lo cierto es que tan sólo ha comenzado. El próximo jueves están citados en la Audiencia Nacional, de nuevo, el ex asesor de Ábalos, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama por las gestiones que ambos hicieron con el Gobierno de las Islas Baleares que lideraba Francina Armengol para la compra de material sanitario. El Ejecutivo autonómico que encabezó la actual presidenta del Congreso contrató con la empresa vinculada a la red corrupta Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas durante la pandemia del covid. En la vista oral que ha tenido lugar en el Alto Tribunal, Aldama explicó cómo se produjeron esas conversaciones con el Gobierno balear y llegó a afirmar que se reunió personalmente con Armengol.
Fuentes jurídicas y fiscales indican que la sentencia que dicte la Sala de lo Penal será clave para su ramificación en la Audiencia Nacional. En su informe final, el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, sostuvo que los miembros de la presunta organización criminal eran más que los enjuiciados en el Alto Tribunal. «Cada uno de los tres miembros de la organización contaba con una serie de personas orbitando a su alrededor, apoyado de manera puntual o continua tanto por otras autoridades y funcionarios del Ministerio de Transportes», aseguró Luzón.
Por otro lado, tal y como informó EL MUNDO, Anticorrupción ha pedido en la Audiencia Nacional que la declaración de Aldama y Koldo en el juicio de las mascarillas se una a la causa abierta en la Audiencia Nacional por la presunta financiación irregular del PSOE. El Ministerio Público considera que esos testimonios pueden ser relevantes para avanzar en las pesquisas incoadas por el uso descontrolado de dinero en efectivo en Ferraz ya que son datos que «no eran conocidos hasta ahora» y de «interés» para el esclarecimiento de los hechos. El juez Ismael Moreno ya ha accedido a esa petición.
En tanto, en la causa incoada por los presuntos amaños de obra pública desde el Ministerio de Transportes se está a la espera de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aporte nuevos atestados para posteriormente proceder a la imputación de las constructoras como personas jurídicas, entre ellas de la multinacional Acciona, según indican fuentes del caso. Además, hay testificales pendientes de practicar como la de los responsables del bar Franky de Pamplona (Navarra), donde la trama liderada por el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán presuntamente blanqueó el dinero recibido de Acciona.
Y junto a estas investigaciones de la Audiencia Nacional, próximamente hay otra fecha. El próximo 28 de mayo arrancará en la Audiencia Provincial de Badajoz el juicio al hermano del presidente del Gobierno, el músico David Sánchez Pérez-Castejón.
La fecha de finalización prevista de las sesiones está fijada para el 4 de junio. En el juicio se sentarán en el banquillo de los acusados, por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, junto al hermano del jefe del Ejecutivo, el ex secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo y el ex asesor de La Moncloa Luis Carrero.
Las penas reclamadas para el hermano del presidente del Gobierno suman tres años de prisión y 12 años de inhabilitación, así como diversas multas. En el apartado de responsabilidades civiles, y al margen de las multas, las acusaciones populares piden que Sánchez y el asesor devuelvan los sueldos ganados en la Diputación.
Por último, junto a estas citas judiciales ya fijadas, quedan otras decisiones vinculadas a los tribunales que se conocerán en las próximas semanas y que serán claves como, por ejemplo, la de la Audiencia Provincial de Madrid avalando o revocando la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a Begoña Gómez a un juicio con jurado por los delitos de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, apropiación indebida y corrupción en los negocios en el sector privado. La peregrinación judicial no ha hecho más que empezar.
