Publicado: mayo 7, 2026, 8:07 pm
La regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de España sigue enfrentando a populares y socialistas en la Comunidad Valenciana. Hasta el punto de que el PSPV-PSOE que dirige la ministra Diana Morant ha amenazado este jueves con llevar a la Fiscalía la instrucción a los centros de salud por parte de la Sanidad valenciana para «boicotear» el proceso de regularización. Una supuesta orden que el propio presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, niega por ser un «borrador».
El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, José Muñoz, ha desvelado una circular interna del director general de Atención Primaria, Carlos Momparler, remitida a los centros de salud. En ella se sostiene que «los justificantes o certificados que se puedan emitir desde los sistemas de información sanitaria de la Conselleria de Sanidad, como pueden ser el certificado de alta en SIP o el registro de asistencias, no tienen validez legal a efectos de esta regularización».
En la circular, por tanto, se pide a los centros de salud «informar a los usuarios que soliciten este tipo de documentos de su ausencia de validez legal y, por tanto, la necesidad de obtener justificación de su permanencia en España por otros medios».
Según ha expresado el portavoz socialista, «esto es una orden que le dice a los trabajadores de los centros de salud que, si van personas migrantes que quieren regularizar su situación y les piden documentos públicos, no los emitan porque no son válidos en derecho».
Un hecho «gravísimo», en palabras de Muñoz. «El director general de Atención Primaria le está diciendo a los trabajadores sanitarios que incumplan la ley a sabiendas para evitar que personas migrantes que tienen derecho a la documentación pública puedan acceder a ella», ha insistido.
Llorca, sin embargo, ha negado tal orden y ha rechazado «perder tiempo en la mentira»: «No hay ninguna instrucción ni ninguna circular que diga eso. Llévelo a los tribunales si quiere». De hecho, el responsable de Sanidad ha matizado que el documento exhibido por los socialistas es un «borrador aclaratorio sobre otro tema». Según Marciano Gómez, la «instrucción firmada» por el alto cargo contempla que «desde los centros de salud se facilitará a los solicitantes la información disponible en la historia clínica».
En concreto, la circular definitiva, con fecha del 6 de mayo, deja claro que «el paciente tiene el derecho inalienable a acceder a su historia clínica y obtener copia de los datos contenidos en ella, amparado por la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente«. Y ello porque la normativa, según agrega el documento válido para Sanidad, «establece entre otros derechos que las personas extranjeras beneficiarias de protección temporal y solicitantes de protección internacional, que hayan permanecido en España de forma ininterrumpida durante los cinco meses anteriores al momento de presentar la solicitud de autorización de residencia, y que esta circunstancia podrá acreditarse mediante cualquier prueba válida en derecho, siempre que incluya datos personales que permitan acreditar su identidad».
Según el Real Decreto del 14 de abril que modificó el Reglamento de Extranjería a efectos de la regularización extraordinaria, la permanencia ininterrumpida durante los cinco meses anteriores a presentar la solicitud puede acreditarse mediante «cualquier prueba válida en derecho, siempre que incluya datos personales que permitan acreditar su identidad».
De esta forma, el abanico de documentación válida para acreditar esta situación comprende cualquier documento público o privado que acredite la identidad del solicitante, flexibilizando las pruebas documentales admisibles en este trámite.
Así, las posibilidades van desde, por ejemplo, un abono para el transporte público hasta los certificados emitidos desde la sanidad pública, que sí tienen validez a los efectos de la regularización masiva que el Gobierno de Pedro Sánchez está llevando a cabo.
La única excepción que establece la norma es la presentación de documentación que ya obre en poder de las administraciones públicas. En caso de ser así, no será exigible aportarla.
También el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha calificado la revelación de «muy grave». «Tan grave que, si esa instrucción ha llegado de una manera u otra a funcionarios, merece que el presidente cese al conseller de Sanidad».
