Publicado: septiembre 17, 2026, 1:23 am
La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela ha denunciado que los venezolanos continúan siendo víctimas de violaciones de derechos humanos a pesar de las «limitadas» mejoras observadas en esta materia en el último año, especialmente tras la captura de Nicolás Maduro. Así lo revela la entidad en el informe publicado este miércoles, en el que destaca que las instituciones estatales responsables de la represión «siguen intactas». En este sentido, la Misión indica que los colectivos —grupos civiles armados que mantienen vínculos directos con autoridades estatales o dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV)— continúan siendo el componente central del aparato represivo del régimen chavista.
El grupo de expertos formado por la peruana Sofía Macher, el canadiense Alex Neve y la mexicana-argentina María Eloísa Quintero constató que, tras la operación llevada a cabo por Estados Unidos el 3 de enero, se produjo una «disminución significativa» de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas asociadas. También confirmó que cientos presos políticos fueron liberados y que el chavismo permitió «un margen algo mayor» para las manifestaciones. Sin embargo, estas acciones no vinieron acompañadas de las reformas necesarias para garantizar una mejora de la situación de los derechos humanos.
«Numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes y los amplios servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad del país conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas», resalta la Misión en el documento antes de subrayar que los periodistas siguen teniendo problemas para desempeñar su trabajo. «No se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los colectivos, fuente permanente de intimidación y violencia a nivel comunitario», indican los expertos, que también aseguran que al menos 19 funcionarios identificados previamente por la Misión por su participación en violaciones de derechos humanos siguen ocupando puestos clave.
«La reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles», asevera Macher, presidenta de la Misión. «Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de derechos humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible«, sentencia Macher.
Torturas y muertes bajo custodia del Estado
Tras el arresto de Maduro, la Misión investigó 64 nuevos casos de torturas, «lo que indica que estas prácticas siguen siendo generalizadas». Según el informe, los expertos documentaron en la cárcel Rodeo I confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada conocida como la ‘maquina del tiempo’ e intubación forzada. Mientras que en la instalación militar Fuerte Guaicaipuro se investigó el confinamiento de personas en celdas similares a fosas excavadas bajo el nivel del suelo. A esto se suma el hecho de que muchos continúan detenidos en condiciones deplorables: con acceso restringido a agua potable, alimentación adecuada, medicinas y atención médica.
Los expertos también destacan en el texto las muertes de presos políticos bajo custodia del Estado y concluyen que varias de ellas estuvieron relacionadas con la falta de acceso a atención médica adecuada. Pero también con malos tratos. Entre los casos investigados y más mediáticos destaca el del vendedor ambulante Víctor Quero Navas, cuya madre se convirtió en símbolo de la lucha de los familiares de los presos políticos. Carmen Teresa Navas buscó a su hijo por cielo, mar y tierra durante más de un año hasta que finalmente le comunicaron que Víctor había muerto hace diez meses. Diez días después de haber identificado el cuerpo de su hijo, que había sido enterrado en secreto, Carmen falleció.
Arrestos arbitrarios de corta duración
De acuerdo con la Misión, entre el 1 de septiembre de 2025 y el 29 de julio de 2026 se registraron al menos 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos. El 94% de ellas ocurrieron antes de finales de 2025, es decir, antes de que las riendas del país estuvieran en manos de Delcy Rodríguez. A pesar de eso, los expertos identificaron «un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración destinados a intimidar a activistas de la oposición, periodistas y otros actores de la sociedad civil». Además, entre 300 y 500 personas siguen detenidas por motivos políticos, según los datos recabados por la Misión. De acuerdo con la ONG Foro Penal, la cifra de presos políticos ascendía a 328 hasta el 31 de agosto. De ellos, 33 son extranjeros y cuatro tienen nacionalidad española.
En relación a los colectivos, los expertos aseguran que estos operan junto a las fuerzas de seguridad del Estado. «La Misión encontró pruebas de relaciones de larga data que incluyen respaldo político, financiación directa e indirecta, apoyo logístico y material, coordinación operativa y protección institucional», resalta el documento. En el mismo se explica que existen motivos para creer que el régimen chavista «suministró regularmente a los colectivos armas de fuego, municiones, motocicletas, teléfonos móviles y equipos de radio» para facilitar su participación en el aparato represivo estatal.
