Publicado: julio 23, 2026, 7:00 pm
Como era de esperar, el Congreso de los Diputados ha vuelto a rechazar los objetivos de déficit y deuda para las administraciones públicas este jueves. Los votos en contra de PP, Vox y Junts han sido suficientes para tumbar la senda fiscal propuesta por el Gobierno, la misma que ya fracasó hace dos semanas. Sin embargo, el Ejecutivo ya ha dejado claro que seguirá adelante con la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pese a que tradicionalmente la aprobación de las metas fiscales ha sido un paso imprescindible para ello.
Con este nuevo revés parlamentario ya son seis las veces que la Cámara Baja ha rechazado las metas fiscales propuestas por el Ejecutivo en los últimos dos años. El denominador común en todas ha sido el mismo: el límite de déficit planteado para las comunidades autónomas ha sido del 0,1% del PIB, una cifra que la mayoría de autonomías -gobernadas por el PP- considera insuficiente a tenor del nivel de gasto que soportan.
Ese límite de déficit es relevante para las finanzas de las comunidades autónomas porque, junto con la regla de gasto, determina cuánto pueden expandir sus presupuestos cada año los gobiernos autonómicos. Aunque el historial de incumplimiento de esas metas fiscales en las administraciones públicas es extenso y reiterado, tal y como ha señalado la Airef.
El objetivo global para España, pactado con Bruselas en 2024, implica reducir el déficit al 1,8% del PIB el año que viene. Una cifra sin precedentes desde el año 2007, cuando el país cerró con superávit presupuestario. Sin embargo, de ese 1,8%, el Estado se queda con un 1,5%, del cual el 80% se va a transferencias para pagar las pensiones. El resto se reparte entre la propia Seguridad Social (0,2%) y las autonomías (0,1%), mientras que los ayuntamientos deberán cerrar en equilibrio presupuestario.
La aprobación de la senda fiscal se ha entendido tradicionalmente como un paso previo necesario para poder presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero el Ministerio de Hacienda ya ha señalado que seguirá adelante con la elaboración de las cuentas públicas aun sin objetivos. El ministerio se ampara en un informe de la Abogacía del Estado que se encargó en la etapa de María Jesús Montero que avala continuar con los objetivos fiscales remitidos a la Comisión Europea, que son más restrictivos para las comunidades autónomas.
Esta ha sido la baza que ha jugado el Ministerio para presionar a las comunidades gobernadas del PP. En Hacienda esgrimen que al derribar los objetivos de estabilidad, las autonomías pierden un margen fiscal de 5.849 millones en los próximos tres años. Es decir, unos 1.950 millones de euros de espacio presupuestario al año para todo el sector.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha vuelto a tirar de este argumento para dirigirse al grupo popular en el Congreso. «¿Prefieren la derrota del Gobierno o tener 5.849 millones de margen fiscal para sus comunidades autónomas?», ha trasladado el ministro. «Es legítimo discrepar del Gobierno, lo que resulta más difícil de comprender es que esa discrepancia termine traduciéndose en menos recursos para los territorios en los que ellos mismos gobiernan. Espero que hayan reflexionado y no opten por el bloqueo», ha añadido.
En el PP han reprochado al ministro que vuelva a presentar la misma senda de déficit y han acusado al Gobierno de incumplir la ley al no presentar los objetivos fiscales a votación de nuevo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. «La práctica totalidad de las comunidades están en contra de una senda que está mal porque para cumplir la regla de gasto hay que hacer superávit, no déficit», ha trasladado José Vicente Marí Bosó, diputado popular.
Desde Junts, también han lamentado que el Ejecutivo repita con la senda fiscal «que ya perdieron hace una semana» y que «ya era igual que la que el Gobierno perdió hace un año y hace dos». «Proponer lo mismo, para obtener lo mismo. Ustedes no quieren tener Presupuestos, si no no se explica lo que pasa», ha señalado Josep Maria Cresuet, que ha centrado su intervención en lo que considera una escasa ejecución de las inversiones del Estado en Cataluña.
