Publicado: junio 29, 2026, 5:24 pm
Los modelos de inteligencia artificial más avanzados ya no llegan al mercado cuando sus creadores consideran que están preparados. Antes pueden tener que pasar por Washington, someterse a evaluaciones reservadas y estrenarse únicamente entre empresas, organismos públicos y especialistas considerados de confianza.
El lanzamiento limitado de GPT-5.6 por parte de OpenAI y la reapertura parcial de Mythos 5, el modelo de ciberseguridad de Anthropic, muestran cómo el Gobierno de Estados Unidos está adquiriendo un papel cada vez más directo en la distribución de la IA de frontera.
La Administración de Donald Trump sostiene que estos sistemas pueden ayudar a descubrir y corregir vulnerabilidades informáticas, pero también facilitar ataques contra empresas, administraciones e infraestructuras críticas. Su objetivo es ofrecer primero las herramientas más capaces a los defensores y evitar que lleguen al mismo tiempo a actores hostiles.
Sin embargo, este planteamiento también permite al Ejecutivo estadounidense conocer con antelación las capacidades de los nuevos modelos e intervenir en la selección de las organizaciones que pueden utilizarlos. Y así, un sistema que nació como una iniciativa voluntaria de Anthropic para proteger software crítico ha terminado convirtiéndose, en apenas tres meses, en el primer ensayo de un control gubernamental previo sobre la IA más potente.
Todo empezó con Glasswing
El origen más inmediato de esta historia está en Project Glasswing de Anthropic. La empresa había desarrollado Claude Mythos Preview, un modelo especialmente competente para examinar programas informáticos, localizar vulnerabilidades y construir posibles métodos para explotarlas. Esa capacidad podía emplearse para encontrar fallos antes de que los descubrieran los ciberdelincuentes, pero también podía abaratar y acelerar el trabajo de un atacante.
Anthropic decidió no publicarlo de manera general. En su lugar, dio acceso a un grupo inicial de alrededor de 50 organizaciones dedicadas a la ciberseguridad, el desarrollo tecnológico y la protección de infraestructuras esenciales.
Entre los primeros participantes se encontraban Amazon Web Services, Apple, Broadcom, Cisco, CrowdStrike, Google, JPMorgan Chase, Microsoft, Nvidia, Palo Alto Networks y la Linux Foundation. La intención era utilizar Mythos para revisar grandes cantidades de código y entregar los fallos descubiertos a sus responsables antes de hacerlos públicos.
Glasswing partía de una idea sencilla: si los modelos capaces de encontrar vulnerabilidades van a acabar estando disponibles, conviene que las empresas y los mantenedores de software dispongan de algún tiempo para reforzar sus sistemas antes de que esas mismas herramientas lleguen a los atacantes.
De esta forma, su propuesta no consistía en ocultar indefinidamente la tecnología, sino en crear una ventaja temporal para los defensores. La compañía esperaba ampliar progresivamente el programa y, cuando las medidas de seguridad fueran más robustas, trasladar parte de esas capacidades a sus usuarios generales.
De iniciativa empresarial a norma gubernamental
Glasswing comenzó como un programa impulsado por Anthropic, aunque desde el principio contó con contactos con el Gobierno estadounidense y otros países, incluido España. La idea cambió a principios de junio cuando Trump firmó una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial y ciberseguridad que convertía buena parte de la filosofía del proyecto en una política federal.
La orden pide crear un sistema clasificado de pruebas para medir las capacidades cibernéticas de los modelos más avanzados. Cuando un sistema supere determinados niveles, podrá ser considerado un “modelo de frontera cubierto” y quedar sujeto a una coordinación especial con el Gobierno. Las empresas podrán proporcionar a las autoridades acceso a esos modelos hasta 30 días antes de ofrecérselos a otros socios. La Administración también participará en la selección de las organizaciones que podrán probarlos durante la fase inicial.
El texto presenta este mecanismo como voluntario y aclara que no crea formalmente una licencia gubernamental obligatoria para desarrollar o publicar modelos de IA. Sin embargo, los acontecimientos posteriores han demostrado que Washington también puede recurrir a herramientas de seguridad nacional y controles de exportación para imponer restricciones.
Anthropic intenta llevar Mythos a más organizaciones
El mismo día en el que Trump firmó su orden ejecutiva, Anthropic anunció una importante ampliación de Glasswing. A las aproximadamente 50 entidades iniciales se sumarían unas 150 organizaciones de distintos países. Sin embargo, esa expansión también despertó preocupación en Washington sobre qué empresas extranjeras podían acceder al modelo. Distintas informaciones apuntaron a que una de las preocupaciones estaba relacionada con la presencia de una empresa surcoreana que, según las autoridades, mantenía vínculos tecnológicos demasiado estrechos con China.
El siguiente paso llegó cuando Anthropic presentó Claude Fable 5, un modelo complementario a Claude Mythos 5. Ambos utilizan la misma base, pero no permiten hacer exactamente lo mismo. Fable 5 incorpora barreras destinadas a bloquear o desviar las consultas más delicadas sobre ciberseguridad, biología y química. Mythos 5 levanta parte de esas protecciones para que los especialistas autorizados puedan investigar amenazas reales.
Días después Anthropic recibió una directiva del Gobierno basada en competencias de seguridad nacional y control de exportaciones. La orden exigía suspender el acceso a Fable 5 y Mythos 5 de cualquier ciudadano extranjero, se encontrara dentro o fuera de Estados Unidos. La restricción también afectaba a los propios trabajadores de Anthropic que no tuvieran nacionalidad estadounidense.
La empresa decidió desactivar ambos modelos para todos sus clientes. Argumentó que la amplitud y la inmediatez de la orden le impedían mantener el servicio y garantizar al mismo tiempo que ningún extranjero pudiera acceder a él. Según se publicó más tarde, las autoridades habían detectado una forma de saltarse las barreras de Fable 5 para localizar algunas vulnerabilidades conocidas. Anthropic revisó la demostración y sostuvo que se trataba de fallos menores que también podían descubrirse con otros modelos ya disponibles, sin necesidad de burlar sus protecciones. La Administración, sin embargo, consideró que existía un riesgo suficiente para intervenir.
La decisión fue especialmente relevante porque los controles de exportación estadounidenses se habían aplicado tradicionalmente a productos físicos y tecnologías como los semiconductores avanzados. En este caso, por primera vez, se utilizaron para limitar el acceso remoto a un servicio de inteligencia artificial y se basaron en la nacionalidad de sus usuarios, no únicamente en el país desde el que se conectaban.
Tras dos semanas de negociaciones, el pasado viernes el Gobierno permitió que Anthropic recuperara Mythos 5 para un grupo limitado de organismos públicos y empresas estadounidenses, incluidas grandes compañías y entidades responsables de operar o proteger infraestructuras críticas. La lista completa no se ha hecho pública. Además, autoriza a los trabajadores extranjeros de Anthropic y de las organizaciones seleccionadas a utilizar el modelo cuando participen en estos proyectos autorizados. Fable 5, la versión concebida para el público general, no ha recuperado todavía su disponibilidad completa.
OpenAI acepta pasar por el mismo filtro
Horas antes de que Anthropic anunciara la reapertura parcial de Mythos 5, OpenAI presentó su nueva familia GPT-5.6, formada por Sol, Terra y Luna. Sol es el modelo más potente de los tres, mientras que Terra busca equilibrar capacidad y coste y Luna se orienta a tareas más rápidas y económicas. OpenAI destaca especialmente sus avances en programación, investigación científica y ciberseguridad. Sin embargo, los modelos no se han ofrecido inicialmente al conjunto de usuarios de ChatGPT ni a todos los desarrolladores.
OpenAI reconoce que presentó sus planes y las capacidades de GPT-5.6 al Gobierno antes del lanzamiento. A petición de la Administración, comenzó con una prueba limitada para un pequeño grupo de socios de confianza y compartió con las autoridades la identidad de los participantes.
La compañía prevé llevar los tres modelos a ChatGPT, Codex y su API durante las próximas semanas, pero no ha anunciado una fecha exacta.
A pesar de, de alguna manera, pasar por el aro, OpenAI ha dejado clara su incomodidad. La empresa afirma que no cree que este proceso de acceso gubernamental deba convertirse en el procedimiento habitual, ya que impide que usuarios, desarrolladores, empresas y especialistas internacionales tengan a su alcance las herramientas más avanzadas. Aun así, ha aceptado la restricción temporal porque considera que es la mejor manera de conseguir una publicación más amplia posteriormente y de colaborar en la creación de un sistema repetible para futuros lanzamientos.
El debate sobre el control
La política que la Administración defiende combina seguridad nacional, protección de la propiedad intelectual y liderazgo tecnológico.
En primer lugar, pretende evitar que los nuevos modelos proporcionen inmediatamente a delincuentes y actores vinculados a Estados extranjeros herramientas capaces de descubrir vulnerabilidades y automatizar ataques.
En segundo lugar, busca dar acceso anticipado a las agencias públicas, las autoridades y los operadores de infraestructuras críticas seleccionados. De este modo, podrán utilizar los modelos para localizar y corregir fallos antes de que sus capacidades se distribuyan de una manera más amplia.
En tercer lugar, Washington quiere proteger la tecnología y la propiedad intelectual estadounidenses frente a su apropiación o explotación por parte de adversarios y mantener la posición del país en la carrera mundial de la inteligencia artificial.
El principal cambio es que las empresas tecnológicas ya no serán las únicas que evalúen dónde se encuentra el límite. El Gobierno desarrollará sus propias pruebas clasificadas, podrá acceder a los modelos antes de su lanzamiento y participará en la selección de los primeros usuarios.
El debate se ha establecido sobre si la Administración busca que las empresas tecnológicas no decidan por sí solas dónde se encuentra el límite. Y que el Gobierno pueda disponer de sus propias pruebas clasificadas, acceder a los modelos antes del lanzamiento y participar en la elección de los primeros usuarios. Esta última cuestión introduce una tensión evidente: Trump ha defendido públicamente una política favorable a la desregulación de la IA y ha criticado los controles adoptados durante la etapa de Joe Biden, pero, al mismo tiempo, está construyendo un sistema de supervisión muy fuerte. No se trata de regular todos los usos de la inteligencia artificial, sino que el objetivo es reservar al Estado un poder especial sobre los sistemas situados en la frontera tecnológica.
