Publicado: junio 29, 2026, 6:14 pm
El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó este lunes, en una ajustada votación de 5 a 4, que la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, podrá continuar en su cargo en la Junta de forma provisional. El Alto Tribunal desestimó la solicitud de la Casa Blanca para suspender el bloqueo judicial que pesa sobre su destitución, anunciada por el presidente Donald Trump en agosto de 2025, hasta que se complete el litigio sobre el fondo del asunto.
El dictamen permite a Cook, de 62 años, permanecer en su puesto para garantizar un procedimiento previo al despido. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, defendió la «independencia» del banco central frente al control del Ejecutivo, advirtiendo que avalar la postura de Trump: «Transformaría en la práctica la protección de la Reserva Federal contra destituciones arbitrarias —que exige una causa justificada— en un régimen de empleo a voluntad; un salto interpretativo incompatible con la ley promulgada por el Congreso y con la tradición de nuestra nación de contar con una banca central protegida de la interferencia política».
El Supremo aclaró que en este fallo «no ha abordado los hechos» sobre si el presidente tiene motivos legales suficientes para destituir a Cook, ya que los hechos subyacentes aún deben ser determinados y analizados por los tribunales inferiores. «Solo hemos tratado los argumentos de las partes sobre los criterios jurídicos apropiados bajo los cuales deberán evaluarse esos hechos», señaló el tribunal, recordando que la Ley de la Reserva Federal de 1935 limita el poder del mandatario a destituciones «con causa justificada» (como negligencia o malversación).
Aceptar la postura del Gobierno en este punto, concluyó el tribunal, «permitiría al presidente destituir a un miembro de la Reserva Federal en cualquier momento, por cualquier motivo, sin previo aviso y sin ningún control judicial posterior». Por su parte, el magistrado Clarence Thomas emitió una opinión disidente calificando el fallo de «incorrecto», aunque expresó su «preocupación» por el hecho de que este caso suponga la primera destitución de un gobernador en los 111 años de historia de la Fed.
El origen de la disputa
El caso comenzó hace casi nueve meses, cuando Trump ordenó el cese de Cook alegando su implicación en un supuesto fraude hipotecario. La acusación penal sostiene que la gobernadora declaró falsamente propiedades en Michigan y Georgia como residencias principales con pocas semanas de diferencia en 2021, y que registró una tercera propiedad indebidamente como «segunda residencia».
Cook, quien interpuso una demanda al considerar que no existe una «causa justificada», ha rechazado tajantemente las denuncias. Un tribunal federal bloqueó inicialmente su despido al considerar que los cargos de la Administración Trump no cumplían los requisitos de la ley, una suspensión que el Supremo ha validado hoy. Trump reaccionó asegurando que acata la decisión al haberse tomado «por motivos estrictamente procesales«, pero adelantó que tomará «medidas oportunas de inmediato para garantizar que quien haya cometido irregularidades no tome decisiones cruciales».
Victoria para Trump en el caso de la FTC
En una decisión paralela, el Tribunal Supremo se pronunció a favor de la Casa Blanca en un caso similar, fallando en contra de la provisión que protegía de la destitución a Rebecca Slaughter como jefa de la Comisión Federal de Comercio (FTC).
Con una mayoría de 6 a 3, los magistrados revirtieron el fallo de un tribunal inferior que había bloqueado el despido de Slaughter por parte de Trump el año pasado. El Supremo respaldó la tesis del Gobierno al determinar que «la FTC ejerce indudablemente poder ejecutivo y, por lo tanto, debe estar controlada por el Ejecutivo en jefe».
Trump calificó esta segunda resolución como una «gran victoria» en sus redes sociales, afirmando que «confirma el poder presidencial en nuestro país para destituir a funcionarios del poder Ejecutivo». El mandatario subrayó la trascendencia del dictamen al asegurar que «se han revocado de forma completa e inequívoca 90 años de jurisprudencia, aumentando considerablemente el poder presidencial en un momento en que más se necesita».
