Publicado: mayo 15, 2026, 8:38 am
El secretario general de CCOO, Unai Sordo, llama a «presionar» en la negociación colectiva -a través de los convenios- para tratar de avanzar en la reducción de la jornada laboral hasta que la ley que la desarrolla pueda ver la luz. El líder sindical pide mantener esa «bandera» y recuerda que «cuanto más se acerque la convocatoria» de las elecciones generales, «más difícil» será que se pueda aprobar la medida.
«La reducción de la jornada es una bandera que hay que mantener, buscar el momento en el que se pueda llevar a la ley y, mientras tanto, presionar en los convenios colectivos», ha asegurado en una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press. Además, ha precisado que su sindicato tiene previsto hacer algún movimiento en este sentido en las próximas semanas.
La apuesta del Ministerio de Trabajo para esta legislatura
La ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media era una de las principales apuestas del Ministerio de Trabajo de cara a la actual legislatura. Sin embargo, la propuesta estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, fue tumbada en el Congreso de los Diputados el 10 de septiembre por los votos de PP, Vox y Junts. La ministra de Trabajo dejó clara su intención de volver a llevar el texto a la Cámara Baja.
Sin embargo, la fata de apoyos parlamentarios hizo que su departamento optase por otra vía en el corto plazo. Su estrategia se volcó en endurecer el registro horario en las empresas y optó por la vía del real real decreto para hacerlo posible, lo que le evitaba tener que volver a pasar por el Congreso. Sin embargo, los escollos no están sólo en la falta de apoyo de otros grupos parlamentarios, sino también en la que existe en el seno de la coalición de gobierno.
El Consejo de Estado emitió a finales de marzo un dictamen desfavorable al proyecto de Trabajo para reformar y endurecer el registro horario. Al mismo tiempo, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha expresado también sus reticencias a la redacción actual del texto, sobre todo en lo referente al periodo de aplicación en las pymes, que conforman la inmensa mayoría del tejido productivo español.
Yolanda Díaz aseguró que su aprobación se produciría antes del verano, algo que en el departamento que encabeza el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, no tienen tan claro. El propio Cuerpo ha apostado por analizar bien las objeciones del Consejo de Estado para «ser capaces» de llevar el texto al Congreso «lo antes posible», aunque sin fijarse de antemano una fecha para ello. Así, en varias ocasiones ha incidido en que esta medida debe aplicarse de manera «equilibrada» y con «periodos de adaptación». Desde su punto de vista, el objetivo final tiene que ser que las mejoras que traiga consigo «sean sostenibles en el tiempo» y que no acabe generando un coste adicional para las empresas.
