Publicado: mayo 2, 2026, 6:54 am
La crisis política en torno a Rubén Rocha Moya dio un nuevo giro este fin de semana, ya que el gobernador de Sinaloa, acusado por autoridades de Estados Unidos de presuntos vínculos con el narcotráfico, anunció que solicitará licencia temporal al cargo para enfrentar las investigaciones, en medio de un caso que ya escaló a tensión diplomática y polarización política en México.
El gobernador tachó de «falsas y dolosas» las acusaciones de la fiscalía federal de Nueva York, que ha pedido su captura con fines de extradición.
«Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia (separación) temporal al cargo de gobernador», dijo en un anuncio difundido en un video en YouTube poco antes de medianoche de este viernes.
Rocha Moya y otros nueve funcionarios señalados
La relación entre México y Estados Unidos atraviesa un nuevo episodio de tensión tras la acusación formal presentada esta semana por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios, señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El caso no solo sacudió la política nacional, también abrió un frente diplomático y jurídico que ahora enfrenta a ambos países en torno a las pruebas, la soberanía y los alcances de la justicia transnacional.
Te puede interesar
La acusación: una red de protección al Cártel de Sinaloa
De acuerdo con el expediente judicial estadounidense, Rocha Moya y los otros implicados habrían integrado una red de corrupción para favorecer al Cártel de Sinaloa, facilitando el tráfico de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos, respaldo político y protección institucional.
La acusación sostiene que el grupo criminal pudo exportar “cantidades masivas” de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina gracias a la presunta colaboración de funcionarios que filtraban operativos, protegían rutas y permitían la operación del cártel sin consecuencias legales.
Entre los señalados figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el subprocurador Dámaso Castro Zaavedra; así como exmandos policiacos y exfuncionarios de seguridad estatal.
Uno de los señalamientos más delicados apunta a que Rocha Moya habría llegado al poder en 2021 con apoyo de la facción de “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quienes presuntamente intimidaron y secuestraron a rivales políticos para favorecer su triunfo.
Te puede interesar
Sobornos, filtraciones y violencia
El documento detalla una presunta estructura de sobornos mensuales a funcionarios, así como filtraciones de operativos y liberación de detenidos vinculados al crimen organizado.
Incluso se menciona que el actual subprocurador habría recibido pagos cercanos a 11,000 dólares mensuales para alertar sobre acciones respaldadas por autoridades estadounidenses.
Otro de los casos más graves es el de un exmando policial acusado de participar en el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la DEA en 2023, en represalia por colaborar con las autoridades.
Rechazo y exigencia de pruebas
Tras la difusión del caso, Rocha Moya rechazó de manera categórica las acusaciones y las calificó como infundadas, al tiempo que aseguró que demostrará su inocencia.
El senador Enrique Inzunza también negó los señalamientos y los atribuyó a un ataque político contra su persona y contra el movimiento de la llamada Cuarta Transformación.
En la misma línea, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos presentar pruebas “contundentes e irrefutables” antes de proceder, y dejó claro que México no aceptará acusaciones sin sustento.
Te puede interesar
SRE y FGR: sin pruebas suficientes y revisión legal
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió solicitudes de extradición, pero tras una revisión preliminar concluyó que los expedientes no contienen elementos suficientes para acreditar responsabilidad.
Los documentos fueron turnados a la Fiscalía General de la República (FGR), que abrió una investigación para determinar si existen pruebas que permitan actuar conforme a la legislación mexicana.
La propia Fiscalía advirtió que cualquier extradición solo procederá si se cumplen los requisitos legales y se presentan evidencias sólidas, lo que marca un freno institucional a las solicitudes estadounidenses.
Te puede interesar
Presión política y polarización
El caso detonó una ola de reacciones en México. La oposición exigió la renuncia del gobernador y una investigación a fondo, al considerar que se trata de un escándalo de alcance internacional.
En contraste, figuras de Morena llamaron a la prudencia y a respetar la presunción de inocencia, aunque algunas voces dentro del propio partido han evitado respaldos absolutos mientras avanzan las indagatorias.
Más allá del ámbito judicial, el caso abrió un nuevo punto de fricción entre México y Estados Unidos. El gobierno mexicano cuestionó la difusión pública del expediente, al señalar que este tipo de procesos deben manejarse con confidencialidad conforme a los tratados.
Además, insistió en que cualquier acción debe realizarse bajo jurisdicción nacional y sin injerencias externas, mientras Washington defendió el caso como parte de su estrategia contra el crimen transnacional.
Contexto de seguridad: golpes al crimen y presión en Sinaloa
El caso Rocha Moya estalla en un momento en el que la estrategia de seguridad federal ha concentrado sus principales golpes en el Cártel Jalisco Nueva Generación, con la captura de mandos clave, operadores financieros y perfiles cercanos a su cúpula.
Entre las acciones recientes destaca la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, considerado uno de los principales líderes de la organización y perfilado como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes «El Mencho», así como la captura de César “N”, identificado como operador financiero relevante del grupo. Estos operativos han sido calificados por el gabinete de seguridad como impactos directos a la estructura de mando, financiamiento y expansión territorial del CJNG.
En contraste, en el caso del Cártel de Sinaloa, las acciones han sido más focalizadas. Las detenciones recientes se han dirigido a operadores regionales, células específicas y perfiles debilitados por la pugna interna entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos”.
Ejemplo de ello es la captura de cinco presuntos integrantes de “Los Chapitos” en Sinaloa, tras un operativo conjunto federal que permitió ubicar rutas de movilidad, zonas de operación y patrones de desplazamiento de células armadas en la región.
A este escenario se suma la presión internacional, ya que autoridades estadounidenses impusieron sanciones a personas y empresas vinculadas a la red de suministro de precursores químicos para la producción de drogas sintéticas, lo que amplía el cerco sobre las estructuras financieras y logísticas del narcotráfico.
